EscucharDocumentos y otras evidencias son los que buscan los agentes de la sección de Anticorrupción del OIJ dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por las supuestas compras irregulares de mascarillas.
Las autoridades realizaron, este lunes 20 de febrero, 21 allanamientos simultáneos por estos hechos.
De acuerdo con la información judicial, el expediente penal lo tramitan contra personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y proveedores de esa institución: MR comunicaciones políticas propiedad de una periodista española de apellidos Martínez Ruiz y el segundo proveedor, Landergren Consulting Gruop.
“De acuerdo con la investigación dirigida por la FAPTA, se presume que funcionarios de la CCSS, quienes ocupaban cargos de alta jerarquía a mandos medios, se habrían aprovechado de sus puestos para intervenir en los procesos de compras, durante la pandemia.
“Se cree que habrían facilitado dichos procesos para obtener los mencionados respiradores y, al parecer, favorecerse y favorecer a proveedores que nunca habían contratado con la CCSS y que, presuntamente, se dedicaban a otro tipo de actividad económica”, señala la investigación.
Además de la comunicadora española Martínez Ruiz y de un hombre de apellidos Landergren Castro; los investigados de la CCSS son el exgerente general, exgerente de logística, directores y jefes del Área Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, asesores de las gerencias, y la Comisión Técnica encargada del análisis de dichos respiradores.
Todos ellos son sospechosos del delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
Mascarillas no cumplían
De acuerdo con el OIJ, la investigación la iniciaron en agosto del 2020, a raíz de una serie de publicaciones realizadas en medios de comunicación, en las cuales indicaban que las mascarillas que estaban siendo entregadas a los funcionarios de los centros médicos encargados de la atención de la pandemia por el covid no cumplían con los parámetros de calidad.
La Fiscalía señaló que las mascarillas son conocidas también como: respiradores filtrantes de partículas para protección respiratoria KN95.
“En apariencia, extemporáneamente, las empresas habrían presentado ofertas a la institución (CCSS), sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos dentro del cartel. Sin embargo, aparentemente, resultaron adjudicadas, pese a que existían otras ofertas que cumplían con los requisitos establecidos, así como compañías reconocidas por ser proveedores regulares”, señala el Ministerio Público.
El objetivo de estos allanamientos era decomisar pruebas. De momento no hay personas detenidas.
El expediente sobre esta situación es el 20-027795-0042-PE.
Los operativos los realizaron en casas y oficinas en Escazú (Oficina Landergren Consulting Gruop), Pavas, Heredia (IBT S.A), La Guácima, Santa Ana, Cartago, barrio Don Bosco, La Sabana y San José centro, en este último sitio allanaron las oficinas de la CCSS, en el edificio Océano, en el Centro Corporativo Internacional.
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¿Qué dice la CCSS?
Esteban Vega de la O, gerente de logística de la Caja, dijo que por estos hechos también llevan una investigación interna.
“Tres procedimientos de compras que había desarrollado la administración anterior en su momento y que fueron objeto de separación de funcionarios y procesos de investigación administrativos que la institución tiene en curso en este momento”, detalló.
Concluyó que están apoyando las diligencias policiales.
