EscucharLa Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen allanó las oficinas administrativas de Grupo Extra, en avenida 4 y calle 4 de San José la mañana de este miércoles.
La Policía Judicial informó, por medio de su oficina de prensa, que también se allanaron dos casas en Alajuela, una de estas es donde vive Iary Gómez, la dueña del conglomerado de medios de comunicación, que además del periódico tiene el canal Extra TV 42.
Los operativos terminaron pasado el mediodía.
“Los agentes de la sección de Fraudes únicamente le colaboraron al Ministerio Público con la ubicación de los lugares que requerían allanar y el día de hoy (miércoles) con la ejecución del allanamiento”, precisó el OIJ.
El Ministerio Público afirmó que la investigación inició desde el 2021 por un conflicto económico y que dichos operativos fueron autorizados por el Juzgado Penal.
“Las diligencias tienen como objetivo recabar prueba documental para incluir al caso, el cual corresponde al número 21-000407-1220-PE. De acuerdo con el despacho, en el 2021, recibió una denuncia por presunto delito de administración fraudulenta, en la que se señala un aparente conflicto económico familiar”, señalaron mediante un correo.
El abogado Federico Campos confirmó que la diligencia está relacionada con una denuncia que interpuso Dunia Ugalde Cordero, socia de sociedad periodística Extra Limitada, por una serie de supuestos manejos fraudulentos de los bienes de la empresa.
La Teja llamó a Jorge Antonio Rodríguez Bonilla, abogado del Grupo Extra, sin embargo, al cierre de edición de esta publicación no había contestado las llamadas.
Diario Extra publicó en sus redes sociales que las acciones son parte de la “enemiga”.
“Como nadie podía imaginar, nuestro diario y nuestras casas fueron allanadas por orden judicial, producto de un expediente oculto y amañado por Dunia Ugalde y sus abogados, denunciantes de hechos falsos y sin prueba alguna más allá de sus versiones.
“Es una escaramuza más de nuestra enemiga, como la falsa quiebra (que perdieron esta semana en el juzgado concursal) y los absurdos juicios civiles, para contrarrestar la querella por estafa contra ella y sus hijos, esperando juicio en un Tribunal Penal”, dice la publicación en el Facebook de La Extra, firmado por Gómez.
El Código Penal, en los artículos 222 y 223, castiga con 6 meses o hasta 10 años de cárcel a quien cometa Administración Fraudulenta.
Además, señala que este delito es la alteración de precios o condiciones de contratos, la suposición de operaciones o gastos exagerados, el ocultamiento o la retención de valores o su uso abusivo e indebido por parte del encargado del cuido de bienes ajenos y en perjuicio de su titular.
Supuesto fraude
La investigación que dirige el Ministerio Público es sobre una aparente falta de pago de un contrato de compra y venta de cuotas firmado el 21 de abril del 2004 entre Ugalde y don William Gómez, quien ya falleció y fue el fundador de Grupo Extra.
Según la demandante, desde el 1 de abril del 2020 la sociedad dejó de cancelar las obligaciones mensuales que eran por un monto de $50.000 (poco más de 33 millones de colones).
En un escrito, ella explicó que a la fecha quedaba un saldo pendiente a pagar de $5,4 millones (3.611 millones de colones), que sumado a los intereses moratorios por $525.000 (351 millones de colones), representa una suma de $5,9 millones (3.946 millones de colones) que debían retribuirle.
Dunia Ugalde habría presentado un proceso de quiebra contra Grupo Extra el 3 de noviembre del 2021.
Pero a inicios de marzo la Sociedad Periodística Extra Ltda presentó un incidente de excepción, mediante el cual impugnó una resolución del Juzgado Concursal del Primer Circuito de San José y, de esa forma, logró que se aplazara una orden para que se abriera un proceso de quiebra contra dicha sociedad.
Además, el 3 de marzo del 2022 Diario Extra publicó un derecho de respuesta señalando que desde el 18 de diciembre del 2020 Ugalde fue demanda por Grupo Extra y las socias mayoritarias por el delito de estafa por un supuesto perjuicio económico contra la empresa y que la habrían notificado el 1 de noviembre del 2021, dos días antes del proceso de quiebra.
Además, en la edición del pasado martes 17 de mayo informaron que un día antes, el lunes 16 de mayo, el juez Sergio Huertas, del Juzgado Concursal del Primer Circuito de San José, rechazó el proceso de quiebra, ordenó su archivo y determinó que Ugalde debía pagar los costos procesales.
No obstante, al día siguiente el Ministerio Público dirigió los allanamientos. De momento no hay personas detenidas.
