La Fiscalía General hizo un gran allanamiento en la Casa Presidencial, en Zapote, por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y también fueron allanados el Mideplán y cuatro casas.

Los agentes y fiscales cayeron a la Casa Presidencial a las 8 de la mañana, encabezados por la fiscala general Emilia Navas. El presidente Carlos Alvarado no estaba al momento del allanamiento.

La Fiscalía informó que realizaron 10 allanamientos por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Quienes estaban cerca de la Casa Presidencial se tiraron el momento en que 12 carros judiciales llegaron, cerraron los alrededores con cinta amarilla y entraron a la edificación.

Mientras al Mideplán cayeron dos carros con siete agentes judiciales.

Las ocho personas investigadas son el presidente de la República Carlos Alvarado; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; el viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro y los analistas de datos Alejandro Madrigal Villalobos, Andrés Villalobos Villalobos, Diego Fernández Montero, el comisionado de derechos LGTBI Luis Salazar Muñoz y la jefa del despacho del presidente Felly Salas Hernández.

Salazar presentó su renuncia este viernes por la tarde.

“De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.

"Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”, indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Añadió: “al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto”, señaló.

“El allanamiento lo dirigió la Fiscalía, el papel del OIJ es de apoyo, soporte, orientación y consejo, nuestra función corresponde al levantamiento de la evidencia y de lo que los fiscales que se encuentren en los sitios nos indiquen.

"Hay agentes trabajando y la Unidad de Análisis de Datos y los de ciberdelitos que se encargarán de revisar los equipos de cómputos o aparatos de almacenamiento. Adicionalmente tenemos un área de análisis de eventos criminales que es una sección muy importante del OIJ que va revisar el caso y presentar la conclusiones que corresponda”, dijo Walter Espinoza, director del OIJ.

El caso se lleva con el expediente 20-005434-0042-PE.

Pocos minutos después de iniciado el allanamiento, llegó a Casa Presidencial Alejandro Madrigal, uno de los miembros de la UPAD y quien se devolvió “porque no lo dejaron pasar”.

“El proceso está judicializado, no podemos dar declaraciones”, fue la respuesta cuando se le consultó por el allanamiento.

Cristian Arguedas, abogado de Diego Fernández, dijo de su representado: “no tiene ninguna preocupación de que se investigue, tiene la conciencia tranquila”.

Aseguró que le quitaron las computadoras y los teléfonos celulares, pero que se le indicaron que no habría detenciones.

Nancy Marín, ministra deComunicación, aseguró que se encontraban de “puertas abiertas” ante las autoridades judiciales y que los equipos con que trabajaba la UPAD fueron puestos a su disposición.

Unidad nunca gustó

Fue la Fiscalía General de la República la que abrió una causa penal con el objetivo de confirmar o desechar si la UPAD tuvo acceso a datos confidenciales de los costarricenses.

Tres denuncias interpuestas por tres diferentes abogados penalistas y un informe contundente de la Defensoría de los Habitantes sirvieron como fundamento para que se abriera el expediente.

Si bien el presidente Alvarado le puso candado a la Unidad, eso no dejó satisfechas a las autoridades, en particular a Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, quien dijo que se comprometía a ser la líder de una investigación profunda y total sobre esta Unidad.

Diferentes sectores del país se han manifestado en contra de la creación de una base de datos con accesos discrecionales para que fuesen usados por el presidente de la República, con toda la información de los ticos, incluidos datos confidenciales.

El presidente Alvarado había dicho que la Unidad se creó para que la ciencia y la estadística ayudaran en la toma decisiones y políticas públicas. Alvarado fue contundente al advertir que nunca la Unidad tuvo fines políticos, sin embargo, sí aceptó que se cometieron errores.