Escuchar
Los papás de jóvenes asesinados por delincuentes dicen estar preocupados porque el proyecto de Ley de Justicia Restaurativa podría ser aprobado esta semana en segundo debate en la Asamblea Legislativa y si eso ocurre tocaría el presupuesto de la Oficina de Atención a la Víctima.
El proyecto pretende que en casos en los que una persona cometa un delito sin violencia grave se busque una conciliación entre la víctima, el ofensor y la comunidad y que el sospechoso debería asumir su responsabilidad y hacer trabajo comunitario.
La idea es evitar el gasto de ir a juicio.
Doña Roxana Rojas maneja el tema al dedillo. Su hijo Josué Rojas, de 14 años, fue asesinado el 8 de abril del 2008 cuando llegaba a su casa en Tibás. Varios jóvenes lo interceptaron para robarle el celular y como se defendió le dispararon. Murió poco después en el Calderón Guardia.
El sospechoso del ataque, de apellido González, fue condenado a 31 años de prisión. El testigo principal en el caso de Josué estaba siendo amenazado, doña Roxana debió ver qué hacía para evitar que algo malo pasara.
"Las víctimas estábamos desprotegidas, me apoyé en otros padres y en familias que habían perdido familiares y logramos que se formara la Comisión de Seguridad Ciudadana. Gracias a esa presión se creó la Ley 8720 de Protección a Víctimas y Testigos", recordó Rojas.
Dicha ley permitió la creación de la Oficina de Protección a la Víctima que, aunque comparte espacio con las Fiscalías, son independientes del presupuesto del Ministerio Público.
"Para la creación de la oficina el requisito fue que tuviera sustento económico, era complicado por la situación fiscal del país, pero se logró que el dinero saliera de un impuesto que se les cobra a los certificados de moneda extranjera. Lo cobra el Ministerio de Hacienda, se lo da Corte, y esta lo pasa a la Oficina de Víctimas", explicó la señora.
¿Qué dice la propuesta nueva?
La propuesta del proyecto de Justicia Restaurativa –de la magistrada Doris Arias– pretende que la plata salga del presupuesto de la Oficina de Protección a la Víctima.
"Para nosotros fue una lucha que la oficina se creara, el sacrificio fue la sangre de nuestros hijos y esposos porque nunca nos dieron nada para apoyarnos para su creación. La Corte nunca nos ha dado un cinco para esta oficina, la magistrada (Arias) me buscó cuando empezó con el proyecto, pero le dejé claro que a mí no me importa porque el único beneficiado es el imputado y nuestra lucha siempre será por las víctimas", dijo doña Roxana.
El proyecto ya fue aprobado en primer debate.
"Ella (la magistrada) quiere que se reduzcan los gastos, un juicio le cuesta a la Corte ¢6 millones y una conciliación ¢300 mil, pero que busquen los recursos de otra parte. No tenemos porqué gastar plata de la víctima en un delincuente", dijo doña Roxana.
La señora aseguró que les enviará a los diputados un documento en representación de la víctimas y ante la sospecha de que este lunes se podría votar en segundo debate, algunas familias que perdieron seres queridos por culpa del hampa se presentarán en la Asamblea.
Don Carlos Rojas perdió a su hijo Cristian, de 17 años. Fue asesinado el 25 de agosto del 2006 en su casa en La Guápil de Alajuelita. Lo mataron para robarle un Nintendo, un celular y ¢800 mil.
El asesino, de apellido Rojas, fue condenado a 25 años de cárcel.
Don Carlos asegura estar cansado de tantos beneficios para los delincuentes.
"Para que la oficina (de Protección a la Víctima) exista hubo una lucha de nosotros los padres, esposas, mamás, hijos, porque nadie nos ayudó, como para que ahora se quiera conciliar, beneficiar al ofensor como le llaman ellos, y las víctimas pierdan un presupuesto que casi se gasta completo al año. Puede que digan que es un delito no violento, pero es un delito y amerita un castigo", dijo don Carlos.
Añadió, "qué triste que las víctimas somos las que trabajamos, yo ya pasé por donde asustan y no quiero que otra familia sufra, pero si le toca que la oficina esté para apoyarla".
Fiscalía tiene su posición
El jefe de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Róger Mata, explicó que el Ministerio Público no se opone al proyecto de Ley de Justicia Restaurativa. Lo ven como una alternativa para resolver problemas sociales.
El desacuerdo del Ministerio Público se basa en el artículo 55 de dicho proyecto.
"La primera preocupación es que se introduce un artículo para la creación de una Unidad de Atención en Justicia Restaurativa, pero la creación no nos preocupa, no hay problema siempre que sea la victima la que vamos a atender. En la parte final del artículo se lee que se deberán crear las disposiciones presupuestarias para que el fondo especial para la protección de víctimas y testigos destine fondo para su sostenibilidad de la Unidad de Justicia Restaurativa", explicó Mata.
Ese es uno de los peros que ya denunció doña Roxana: la plata para la nueva Unidad saldría de la Oficina de Protección a la Víctima.
"No nos parece que se tome el dinero de protección a victimas para crear plazas, alquilar edificios, comprar artículos de oficina, todo lo que amerita la creación de una Unidad", dijo Mata.
Otra observación que le hacen es que tiene una contradicción. "En el artículo 14 queda excluidos los delitos de carácter sexual, los delitos sancionados en la Ley de Penalización de Violencia contra las mujeres, salvo los que son de patrimonial y aquellos generados en situación de violencia doméstica o intrafamiliar. Entonces uno cree que no van a entrar, pero cuando llega al otro artículo lee que pide atender esos delitos en la misma Unidad", señala Mata.
El proyecto propone que se atienda también a hombres que agreden a mujeres.
"El Inamu también se niega a este artículo porque es posible a veces que las víctimas no quieran negociar con los ofensores porque no se sienten en las mismas condiciones", explicó Mata.
El fiscal asegura que ellos hacen uso del 92 por ciento del presupuesto en atender a las víctimas.
Mata asegura que él y la fiscala Emilia Navas se reunieron con la magistrada Arias, pero ella no estuvo de acuerdo que el proyecto se volviera a discutir. La fiscala general tuvo una reunión con miembros de la comisión plena, entregó una propuesta y se está a la espera de la respuesta.
Magistrada responde
La magistrada Doris Arias asegura que nunca se va a desproteger a una víctima.
Ella aseguró, vía telefónica, que cuando el proyecto se hizo hubo apoyo de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, aprobado en primer debate y analizado por el Poder Judicial.
"La aplicación de justicia restaurativa no es nueva, se aplica desde hace seis años", comentó Arias.
Aseguró que en la ley se dio un criterio técnico, pero que son los diputados quienes deben tomar la mejor decisión.
