EscucharUn policía municipal de apellidos Córdoba Núñez, de 30 años, es sospechoso de acabar con la vida de su esposa, Odalia Ramírez Barrantes, de 23.
Así lo presume el Ministerio Público debido a que se desconoce el paradero de ella desde el pasado 18 de noviembre.
Ante esta situación, a Córdoba le impusieron seis meses de prisión preventiva este miércoles, mientras las autoridades siguen con la investigación.
La última información que tiene el Ministerio Público es que el domingo 18 de noviembre del año pasado, la pareja tuvo una discusión en la que, en apariencia, el hombre habría asesinado a la mujer. Al parecer, la última vez que se supo de ella fue al mediodía de ese sábado.
Al día siguiente, los familiares interpusieron una denuncia por desaparición en el OIJ.
Este martes en la tarde, Córdoba llegó hasta el OIJ de Santa Cruz y dijo que colaborará con las autoridades. “De inmediato quedó detenido como el principal sospechoso, por lo que fue remitido a la Fiscalía, donde se seguirá la investigación en su contra”, dijeron en la oficina de prensa de la Fiscalía.
La Fiscalía de Asuntos de Género de Santa Cruz acusa al hombre de femicidio.
Doña María Isabel Barrantes, abuela de la muchacha, afirma que esto ha sido un golpe muy duro, ella quiere que esta zozobra termine.
Agregó que su nieta trabajaba como cajera en una pulpería y de cariño la llamaban “China”.
Al parecer, la pareja empezó la relación desde finales del 2017.
Oficial tiene otra investigación abierta
Esta no es la primera vez que las autoridades están detrás de Córdoba, ya que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz consiguió que se ordenara la suspensión de su cargo como policía Municipal. Esto a raíz de una investigación que llevan en su contra por presuntos cobros ilegales que habría hecho o intentado hacer a dos comerciantes de la zona.
Esta indagación comenzó el lunes 5 de noviembre anterior, días antes de la desaparición de la muchacha.
La Fiscalía afirma que el sábado 29 de setiembre del año pasado, dos oficiales de la Policía Municipal hicieron un parte al dueño de un bar por no contar con permisos. En apariencia, después de esto, Córdoba habría llegado hasta el local, ofreciendo eliminar las infracciones a cambio de dinero.
Córdoba, supuestamente, pidió ¢80 mil para pagarle a los policías que hicieron el parte, además de ¢40 mil que fueran consumibles en licor.
Según se sospecha, el imputado volvió al establecimiento y cuando los dependientes se negaron a darle consumo gratis, habría llamado al dueño para quejarse y hacerle ver que el bar era objetivo de la Municipalidad, a lo que el denunciante le pidió que le diera tiempo para conseguir dinero.
Otro de los casos habría ocurrido el 1 de junio anterior, cuando supuestamente llegó a un baile en el bar Arado, en Santa Cruz, propiedad de un chino quien contaba con los permisos requeridos. Según la investigación, Córdoba habría llegado en un carro particular y vestido con uniforme oficial.
El oficial, en apariencia, le dijo al dueño que el permiso del Ministerio de Salud estaba vencido y clausuraría el local si no le entregaba ¢60 mil; sin embargo, el dueño se negó a pagar.
