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El conocido crimen de la Cruz de Alajuelita volvió a tomar relevancia en estos días ya que el Estado costarricense tiene tres meses para responder por qué no se resolvió.
Esto porque el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da ese plazo para que se responda: ¿Por qué tantos años de impunidad?, ¿por qué no se descartó la última línea de investigación que se presentó?, ¿por qué solo ha reinado el silencio?
Esa masacre sacudió al país el 6 de abril de 1986 y sucedió en el cerro San Miguel, donde está la famosa Cruz de Alajuelita, cuando una adulta y seis niñas fueron asesinadas en una peregrinación a ese lugar.
Las víctimas fueron Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, y sus hijas María Gabriela, de 16 años; María Auxiliadora, de 11, y Carla Virginia, de 9; además de sus sobrinas Alejandra, de 13 años; Carla María, de 11, y María Eugenia de 4.
Doña Rosario Zamora, hermana de Marta, sobrevivió al ataque que apagó la vida de sus hijas porque se quedó al pie del cerro esperándolas, junto a ella estaba su sobrina Cristina, de 18 años en aquel entonces.
Durante años se ha especulado sobre las causas de esa la imborrable matanza.
Un gran paso
El abogado Rogelio Ramírez nos contó que ellos enviaron la solicitud a la Comisión hace bastante tiempo, en febrero del 2021, y que lo más difícil siempre es que la admitan, pero el pasado 5 de julio les respondieron que sí la aceptaron.
“Cumplo con informarle que se han remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de Costa Rica y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuera necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que este presente sus observaciones, conforme al artículo 30 del Reglamento de la CIDH”, dice la carta.
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El documento de una vez advierte que no darán más plazos que los que ya se mencionaron y que se mantendrán atentos con que se cumplan.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emplazado al Estado costarricense para que se refiera a los hechos denunciados, este es un paso sumamente importante porque ahora veremos qué se atreve a responder el Estado, porque no solo se castigo a las ofendidas con impunidad, con incapacidad y con negligencia, sino que sus familias fueron humilladas y discriminadas durante el proceso de supuesta investigación”, dijo el abogado, quien investigó este caso y escribió el libro: La voz de los muertos.
“Este es un paso importante porque aún después de muchos años el Estado conoció indicios claros y contundentes de que ese crimen fue en realidad un atentado terrorista, cuyo epicentro estuvo vinculado con decisiones políticas que se alejaron de la neutralidad afirmada falsamente en los discursos, que permitieron la operación de grupos guerrilleros en nuestros territorios para una lucha que se libraba más allá de nuestras fronteras. Es un obligación ciudadana estar pendiente de esa respuesta y el curso que tome el caso en esa instancia internacional, porque el dolor no debe olvidarse y la impunidad no puede seguir victimizando con la indiferencia y negligencia criminal del Estado”, añadió.
La petición la hicieron doña Rosario y Cristina, apoyadas por el bufete Ramírez y asociados, para denunciar el silencio del Estado costarricense ante dicho caso.
Con detalles
El documento brinda un detallado relato de los hechos. Por ejemplo, dice que cerca de los cuerpos encontraron casquillos de calibre .45 y en los laboratorios forenses se determinó que estos se disparaban con una M-3 A-1 conocida como “grease grun”, de uso militar.
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La policía involucró en el caso a cuatro hombres, dos de ellos murieron en el proceso. Por lo que solo uno de apellido Monge Sandí y un menor de 17 años enfrentaron un juicio y fueron condenados en 1989, pero luego fueron absueltos por vicios en el proceso y se ordenó un nuevo juicio. En ese tiempo se cometieron otros crímenes contra mujeres, en los que usaron el mismo tipo de arma. En el segundo juicio fueron absueltos.
En 1995 Monge falleció de forma violenta y un año después ocurrió otro asesinato con la misma arma usada en el crimen de Alajuelita.
En la masacre de la Cruz decomisaron, además, evidencia biológica como sangre, vellos, cabellos, semen y huellas de calzado.
No les informaron
En el 2001, los investigadores del OIJ Rogelio Ramírez y Carlos Chacón presentaron un informe con elementos importantes para dar con los responsables.
Los agentes en su investigación detallaron que el crimen pudo ser perpetrado por guerrilleros que tenían campamentos donde se dio la matanza. El fin, según ellos, era debilitar el apoyo costarricense a los rebeldes nicaragüenses del grupo guerrillero A.R.D.E
Todas esas sospechas empezaron cuando los restos de uno de esos supuestos guerrilleros fue encontrado en el Zurquí el 19 de junio de 1998, ya que las pruebas lo ligaban al crimen de Alajuelita y 12 homicidios más.
El hombre de apellido Urbina llegó al país en 1979, cuando dejo de formar parte de la guardia de Somoza, y en 1983 trabajó como agente de la Policía Metropolitana de Costa Rica.
Los agentes presentaron todo ante la Fiscalía, pero los familiares nunca fueron informados de esos avances y no se hizo nada más.
Ahora los abogados del Estado (Procuraduría General) deberán dar la respuesta para entrar en una segunda fase.
Doña Rosario aseguró que para ella esto es una esperanza de que lo ocurrido no quede como en el aire y ha recibido la noticia con mucha agradecimiento a Dios.
