EscucharUna finca en Alajuela y más de ¢702 millones pasaron a ser parte del Estado costarricense, gracias a investigaciones que demostraron que se obtuvieron por medio de actividades delictivas o ilícitas.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró culminar tres procesos y el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda le dio la razón.
Estos bienes se entregaron al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en depósito judicial y este se encargará de administrarlos.
Estas investigaciones iniciaron el 30 de marzo del 2020, cuando oficiales de la Fuerza Pública de Guácimo, en Limón, detuvieron a una persona de apellido Corea y le encontraron nueve bolsas plásticas en las que llevaba ¢8.100.000 (ocho millones cien mil colones).
Este caso fue investigado bajo el expediente 22-001833-1028-CA.
Otra de las causas es el expediente 21-002295-1028-CA, seguido contra tres personas de apellidos Morera, Moiño y Jiménez. Al parecer habrían realizado movimientos sospechosos en un banco en el que no pudieron justificar la procedencia de $1.315.569 (un millón trescientos quince mil quinientos sesenta y nueve dólares), es decir, en moneda tica más de ¢694 millones.
El tercer caso es una propiedad que fue comprada con dinero en efectivo, que se hizo por medio de una sociedad anónima, representada por una persona de apellido Alvarado. Este caso lo investigaron con el expediente 22-001835-1028-CA, desde setiembre del 2021.
¿Qué son los capitales emergentes?
“Esta figura pretende perseguir aquellos bienes y valores de los que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas; es decir, no tiene como objetivo juzgar personas ni lograr condenas penales”.
“La Ley otorga al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y al Ministerio de Hacienda la potestad de denunciar estos incrementos de capitales que carecen de una causa lícita aparente”, explicaron en la oficina de prensa de la Fiscalía.
Ante la sospecha de un bien o dinero obtenido de manera ilegal, los representantes de alguna de las instituciones mencionadas deberán presentar ante el Juzgado Contencioso Administrativo las pruebas que sustenten su denuncia. Los dueños o representantes de las sociedades de esos patrimonios tienen la oportunidad de justificar el origen de esos bienes, pero si no lo hacen, el Juzgado declarará la pérdida y se los entrega al Estado.
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