Una mujer de apellidos Vega Aguirre no soportó escuchar a las juezas que la condenaron por el secuestro y homicidio del estadounidense William Sean Creighton Kopko y les gritó: “¡Asesinas!”.

Vega, quien cumplió 49 años el pasado 14 de mayo, fue sentenciada a 65 años de prisión.

Ella solo logró escuchar la pena y de inmediato les pidió a las juezas Mercedes Muñoz, Adriana Tenorio e Ivannia Delgado, del Tribunal Penal de Goicoechea, que la sacaran de la sala y la mandaran a las celdas.

Ellas aceptaron, pero fue entonces que la sentenciada les gritó: “Asesinas”, justo cuando les pasó cerca.

El Tribunal ni siquiera la volvió a ver y siguió dando la explicación de la condena para los demás sentenciados. Mientras las dos policías de la sección de Cárceles siguieron custodiando a la mujer.

El hecho ocurrió este viernes, cerca de las 5 de la tarde, cuando dieron el veredicto que le puso fin a un largo juicio de más de nueve meses, que inició el 9 de agosto del año pasado.

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Lamentos y abrazos

La misma pena que recibió Aguirre fue impuesta a todo su clan familiar ya que, según las autoridades, fue el que ideó el ataque contra el estadounidense.

Se trata del hijo de la mujer, de apellidos Morales Vega, de 28 años, quien quedó señalado como el líder del ataque. Él era un pizzero con conocimientos en informática y con un bachillerato en Derecho.

También irá a prisión la abuela del líder de la banda, una adulta mayor de apellidos Aguirre Leal, de 75 años. Además de un hijo un hijo de esa viejita y hermano de Vega Aguirre.

La novia del cabecilla de la banda, de apellidos Solís Chaves, de 27 de edad, también figura entre los condenados.

Además, una maestra de apellidos Sanabria Abarca y un guarda de la UCR de apellidos Martínez Chacón, alias ‘Buda’, recibieron la misma sentencia de 65 años.

Esas personas fueron halladas culpables por los delitos de asociación ilícita, secuestro con muerte y robo agravado. Eso sí, por las leyes de nuestro país, el máximo que pasarán encerrados será 50 años.

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Las juezas también concluyeron que en el hecho participaron dos oficiales de tránsito. Uno de ellos es de apellidos Jirón López, condenado a 35 años por los delitos de asociación ilícita y robo. El segundo es apellidado Medrano Vargas y le impusieron 25 años por secuestro y robo. Ellos no habrían participado en la muerte y por eso las penas fueron menores.

Por el peligro de fuga, a todos les impusieron un año de prisión preventiva que se vencerá el 20 de mayo del 2023, esto mientras la sentencia quede en firme.

Además fue absuelto por duda un hombre de apellidos Sánchez Gamboa, supuestamente fue un taxista de la adulta mayor.

El total de estas nueve penas es de 515 años de prisión, pero hay que sumarle otros 33 años de cárcel contra un hombre de apellidos Ford Dowman, de 40 años, quien se sometió a un proceso abreviado al aceptar los delitos por los cuales fue acusado por la Fiscalía.

Muchos lamentos

Cuando las juezas daban el detalle de estas condenas, la sala se llenó de lamentos, abrazos y lágrimas entre los familiares de los condenados.

Incluso, los sentenciados se agarraban la cabeza, por ejemplo el tráfico Jirón López, además la maestra y la novia del líder soltaron en llanto, esta última levantó la mano diciéndole ‘adiós’ a sus padres, quienes durante todo el debate fueron los únicos familiares que la llegaron acompañar.

En la sala estuvieron otros parientes y parejas de la banda, muchos de esos llegaron por primera vez al juicio.

Agradecidos con la justicia

William Sean Creighton Kopko, de 43 años, fue visto con vida por última vez el 24 de setiembre del 2018, luego de ir a dejar a un amigo en Granadilla.

La familia del estadounidense pagó $900.000 en monedas de bitcoins (poco más de ¢553 millones) por su liberación; sin embargo, Creighton nunca regresó y en setiembre del 2019 fue hallado sin vida enterrado en una fosa en Quepos.

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Erick Ramos, abogado de la familia, agradeció a la Fiscalía y a los jueces por la justicia que le dieron a la familia de la víctima, además agregó que esta es la primer banda que detienen en el país por cometer un secuestro en el que exigieron dinero en bitcoins.

Durante la investigación, el OIJ tuvo colaboración de la policía cubana y española.