Este 2022 se convirtió en el año más violento de la historia de Costa Rica.
Las estadísticas judiciales confirman 639 homicidios a nivel nacional, una triste suma nunca antes alcanzada, y aún faltan tres días para que termine el año, tiempo en el que los números podrían aumentar y seguir dejando luto en las familias costarricenses.
Las dos principales causas de los asesinatos en el país son los ajustes de cuentas o venganzas y las discusiones o riñas.
Michael Soto, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirma que esto es muy lamentable.
“Estamos en una tasa de 12,2 (asesinatos por cada 100 mil habitantes), que es la tasa más alta de la historia del país y además con los 639 homicidios a hoy (miércoles), es el año con mayor cantidad de homicidios en la historia del país, o sea, las dos marcas son históricas, es muy lamentable lo que está ocurriendo”, señaló.
Asegura que esto es responsabilidad de todos los funcionarios que tienen que ver con el área de seguridad. Además, afirma que desde ya piensan en buscar estrategias en conjunto con las demás áreas de seguridad, ya que para resolver estos temas se deben ver varios aspectos en conjunto.
“Resolver el tema de la criminalidad tiene que ver con muchos otros aspectos, como sociales, económicos, de empleo, de educación, de cultura, deporte, de oportunidades, de trabajo, de estudio”, aseguró.
Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, señala que se necesitan medidas más drásticas desde otros ámbitos, no solo desde el policial, para lograr bajar la incidencia criminal.
“O sea, esto no se va a resolver solamente con más recurso para la Policía. ¿Por qué? Un ejemplo es este año, que estamos viendo muchos más resultados operativos en calle y ahí están los informes, son más de 2.000 armas decomisadas en lo que va del año; más de 6.200 órdenes de captura ejecutadas, muchas de esas por homicidio, tentativa de homicidio, robo agravado; más de 1.200 personas detenidas por delitos contra la vida y, pese a esos números, no estamos logrando todavía el impacto esperado”, explicó.
Calderón señala que necesitan que todos los detenidos por la Fuerza Pública, por temas por violencia, no terminen con medidas como, por ejemplo, las tobilleras electrónicas.
“Nos hemos encontrado con gente que está procesada por delitos graves, como narcotráfico o legitimación de capitales, causas graves y andan tobillera electrónica, y pueden moverse libremente por todo el país, entonces prácticamente no estamos logrando ningún resultado positivo.
“Estas personas, pues muchas siguen vinculadas a las estructuras criminales, siguen operando, dedicándose a esos delitos y, de esa manera, el país nunca va a salir de este tema de la violencia”, indicó Calderón.
Uno de los ejemplos que menciona el oficial Calderón es el del costarricense de apellido Zepeda Rubí, sospechoso de asaltar y acabar con la vida del recién graduado Keylor Gamboa Muñoz, la madrugada del lunes 26 de diciembre anterior en barrio Pinto de San Pedro de Montes de Oca. Zepeda tiene un amplio expediente penal, descontaba una sentencia por robo agravado, pero el Instituto Nacional de Criminología le había dado el beneficio de andar libre.
Esta situación también fue recalcada por el Ministerio Público, que no está de acuerdo con la libertad de personas con antecedentes penales graves.
En el 2021 hubo 588 muertes violentas, en el 2020 se registraron 571, en el 2019 fueron 563 y en el 2018 hubo 585.