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Mélida Solís, dueña de H. Solís, y Carlos Cerdas, dueño de Meco, se comerán el tamalito en la cárcel, pues continuarán en prisión preventiva por los próximos cinco meses mientras siguen siendo investigados por el caso de supuesta corrupción en obras viales denominado “Cochinilla”.
Así lo definió el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, el cual decidió extender la medida cautelar que ambos empresarios venían cumpliendo desde hace 4 meses.
La resolución de la jueza Juliana Jiménez Alpizar fue notificada a los abogados de ambos empresarios la tarde de este martes, señalando que estos seguirán guardados hasta el 26 de marzo del 2022.
Jiménez también extendió por cinco meses las medidas cautelares de los otros 26 investigados por el caso Cochinilla que fueron detenidos el pasado 14 de junio, entre estos hay funcionarios del Conavi y de otras empresas constructoras que se encuentran en libertad cumpliendo medidas como arresto domiciliario con tobillera electrónica, impedimento de salida del país, no acercarse a testigos y suspensión del cargo.
En su resolución la jueza explicó que tomó dicha decisión debido a que la investigación por el caso aún no ha terminado, por lo que consideró que el plazo de cinco meses es el adecuado para que el Ministerio Público finalice con las diligencias que aún están pendientes.
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Cabe recordar que por el caso Cochinilla también se investigan a otras 47 personas, las cuales ya fueron indagadas, pero a la fecha no se han solicitado medidas cautelares en su contra.
En el caso de Mélida Solís y Carlos Cerdas, sus abogados aún tiene la posibilidad de apelar la resolución de la jueza para tratar de que se cambien las medidas cautelares dictadas a sus clientes.
Los abogados de Solís insistirán en que es necesario que la empresaria no continué encarcelada, pues aseguran que el centro penal Vilma Curling, mejor conocido como la cárcel de El Buen Pastor, en San Rafael Arriba de Desamparados, no cuenta con los recursos para atender su condición de salud, la cual, según ellos, se ha agravado desde que fue encerrada.
En el caso Cochinilla se investigan posibles delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.
Entre el 2018 y el primer trimestre del 2021 esas acciones habrían causado un faltante mayor a los ¢78.000 millones en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
