EscucharLuego de que un hermano y una tía de Luany Valeria Salazar Zamora fueran los que encontraran el cuerpo de la joven enterrado en el patio de una casa surgieron varias acusaciones en contra del OIJ por no ser ellos los que descubrieron el paradero de la joven.
La muchacha de 23 años fue vista por última vez la noche del martes 9 de junio cuando salió de su casa en Linda Vista de Río Azul, en La Unión de Cartago. También tenían conocimiento de que el miércoles 10 de junio a las 3 de la madrugada estaba junto a un vecino, al parecer, de apellido Mejía.
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La mamá de Luany, doña Ana Patricia Zamora, asegura que puso la denuncia el miércoles en la noche. Lamentablemente el cuerpo fue hallado la noche de este lunes 15 de junio a dos casas de donde ella vivía.
Ante esta situación, el director del OIJ, Wálter Espinoza, dio declaraciones sobre lo ocurrido; sin embargo no permitieron que los medios de comunicación hicieran repreguntas por este caso.
Espinoza dijo que al caso de Luany le están dando toda la atención.
“La policía Judicial sí asumió con seriedad el asunto.
“Obviamente estábamos en proceso de acciones más directas, pero eso requiere que tengamos que dar un reporte a la Fiscalía y que ellos luego lo tramitan a un juez para tener el permiso de entrar a una propiedad”, aseguró Espinoza.
Recuento de acciones
Espinoza hizo un recuento de las acciones que hicieron en este caso, explicó que desde el jueves 11 de junio a las 5:55 de la tarde asumieron la investigación por la desaparición, sostuvo que mantuvieron las investigaciones sobre esa línea y no partieron que se trataría de un homicidio.
Explicó que el primer paso que dieron fue publicar la foto de Luany en las plataformas digitales del OIJ.
“Lo que nosotros pretendíamos era localizar a Luany para llevarla a la casa y quitar la angustia de la familia", expuso.
"Este proceso tiene una perspectiva en particular porque en principio estamos ante la desaparición de una persona, esto nos exige hacer un análisis de la persona, a esto le denominamos la victimología, para así comenzar las indagaciones de una manera razonable”, agregó.
Contó que el sábado 13 de junio obtuvieron un dato que al final resultó ser falso, pero al que le dedicaron tiempo pensando que podían dar con Luany.
“Los agentes fueron a un precario que está en Curridabat, el cual colinda con el sector de los moteles de San Francisco de Dos Ríos, nos habían indicado que Luany allí estaba retenida, que se encontraba con vida y que probablemente se iba a pedir un tipo de canje a cambio de su libertad.
“En esa actividad el OIJ estuvo desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, se hicieron rastreos y encuestas, agotamos todas las posibilidades porque precisamente pretendíamos la ubicación de Luany; esa información que recibimos parecía razonable y veraz”, explicó el líder judicial.
Mencionó que el sábado en la tarde también se reunieron con la mamá de la muchacha y le explicaron lo que hacían, además a las 5 de la tarde entrevistaron a una amiga de Luany con la que ella había salido a fumar.
Espinoza, aseguró que, incluso, este lunes 15 de junio fueron a un taller en San José en donde encontraron el celular de la víctima, el cual tienen que revisar.
No dan detalles durante la investigación
El director policial dijo que a la familia no le contaron estos detalles en un principio porque son parte de la investigación.
“Nosotros no podemos comentar a las familias qué es lo que estamos haciendo, qué estamos desarrollando, cuál es la orientación del caso, porque nosotros no tenemos un conocimiento claro y preciso de qué fue lo que ocurrió.
“De cuáles personas pueden estar involucradas y las causas, evidentemente hacer una manifestación absolutamente detallada podría truncar un buen desarrollo de la investigación”, explicó.
Concluyó señalando que no entraron a registrar ninguna casa porque para hacerlo necesitan la orden de un juez.
“Esa circunstancia es una limitante para la actuación de la Policía y a la vez es una protección para los ciudadanos porque de alguna forma elimina la posibilidad que podamos hacer revisiones masivas.
“En la Policía tenemos restricciones para ingresar a las casas o comercios, porque todos están protegidos con la privacidad de carácter constitucional, o sea, para que la Policía pueda entrar en una casa tiene que tener un indicio muy razonable de que allí ocurrió un delito o que en el lugar consta de una evidencia muy importante.
“Si incurrimos en una acción de esa naturaleza cometeríamos un delito y contaminamos la prueba al punto que no se podría utilizar en un juicio”, señaló.
