Wálter Espinoza, director del OIJ, al parecer, ya presentía que ninguno de los 28 investigados por el caso “Cochinilla”, que estuvieron encerrados por casi 15 días, iban a tener que hacerle frente a la medida cautelar de prisión preventiva.

Así lo dejó entrever en una entrevista con el medio de comunicación Interferencia el pasado viernes 25 de junio, un día antes de que la jueza Carolina Lizano resolviera dejar a todos los sospechosos en libertad solo con algunas medidas cautelares.

“El sistema de nosotros está hecho para procesar casos pequeños, los casos grandes los entraban. De pronto a veces la actitud de quienes tienen que asumirlos no es la que uno esperaría”, dijo Espinoza durante la entrevista con el medio de la Universidad de Costa Rica.

Las medidas que más causaron molestia entre la población fueron las dictadas a Mélida Solís, dueña de H. Solís, y Carlos Cerdas, dueño de Meco, quienes tendrán que pagar fianzas de $3 millones (más de ¢1,800 millones) y $5 millones (más de ¢3,100 millones), respectivamente, a cambio de ser liberados con otras medidas como no salir del país ni acercarse al Conavi.

Ante esta situación la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentó una apelación contra las medidas de Solís y Cerdas, así como las dictadas contra otros 11 sospechosos, en busca de que les receten prisión preventiva por un año.

Volviendo con lo dicho por Espinoza, este también se refirió a lo complicado que ha sido para el sistema penal costarricense darle trámite a casos tan complejos como Cochinilla.

“La dilución de los casos en el tiempo, pues genera la posibilidad de no entrarles, usted ve casos muy viejos y dice, ‘¡Por Dios! ¿Por qué no lo han acusado?¿Por qué no ha ido a juicio?’, en realidad nadie quiere, como dicen, comerse un chicharrón de esos, entonces es sumamente difícil”, aseguró el jefe del OIJ.

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Difícil prueba

Espinoza también señaló que la Policía Judicial está haciendo todo lo posible para que este caso sea llevado hasta las últimas instancias, pero destacó que el OIJ no es el único actor en este hecho.

“El sistema penal está a prueba y esta es una circunstancia que debe atender, hay un compromiso y una promesa del OIJ de ayudarle a la Fiscalía de manera total y absoluta para que logre articular acciones dirigidas a que esto lo pueda acusar pronto y ese compromiso nosotros lo cumplimos con convicción y dignidad total, las otras partes tiene que ver con los jueces, los defensores y la propia Fiscalía”.

Sin entrar en mayores detalles, Espinoza también dio a entender que la investigación está muy bien sustentada, por lo que cruza los dedos para que no surjan obstáculos en el desarrollo del caso.

“Yo esperaría que en algún momento hasta un imputado de estos pudiese decirle a la población: ‘Sí, yo fui’, si la prueba es clarísima, son personas preparadas, son imputados que tienen posibilidades académicas, ¿van a decir que esa no es su voz?, ¿qué esa no es su conversación o teléfono?, yo todavía tengo esperanza”, expresó.

Medidas a favor de sospechosos

José Miguel Villalobos, abogado penalista, fue uno de los que más le tiró a la jueza Lizano por las medidas cautelares que dictó, asegurando que favorecen los investigados.

“Estoy sorprendido porque he conocido resoluciones de la jueza Lizano en casos mucho menos graves donde el grado de probabilidad del delito es menor y donde las posibilidades de fuga son mucho menores y ella ha decidido mantener a las personas en la cárcel”, aseguró el abogado.

Además, señaló que en el caso se investigan varios delitos en los que las sumas de dinero en perjuicio del Estado son de miles de millones, por lo que las fianzas establecidas a los empresarios no tienen punto de comparación.

“En relación con la riqueza de estas dos personas (Solís y Cerdas) $5 millones y $3 millones es una minucia (un menudo), tan es así que los abogados, en un acto que me pareció bastante criticable, dijeron públicamente que para el lunes ya tendrían listas las garantías, lo que indica que no les costó nada conseguir esas garantías”.

Villalobos fue claro al decir que sí existían suficientes elementos para dictar la medida cautelar de prisión preventiva, solo que si él fuera juez lo hace por un período de tres meses y no de un año como pretendía el Ministerio Púbico.

“Lo que espero es que no se fuguen, porque eso sí crearía una crisis nacional terrible”.

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