Los diputados quieren una explicación de Carlos Alvarado, presidente de la República, después de los allanamientos que realizaron el OIJ y la Fiscalía por presunta corrupción de funcionarios públicos en los contratos de obras viales.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, fue una de las que manifestó su consternación tras lo acontecido este lunes.

“Espero declaraciones oportunas y claras del presidente Carlos Alvarado. Costa Rica es más que un puñado de corruptos y debemos llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo la legisladora a La Nación.

Por su parte, el jefe de la fracción del PUSC, Pablo Abarca, aseguró que es lamentable que en Casa Presidencial se den allanamientos por corrupción.

“Esperaría que se colabore muy prontamente con toda la información y que se sienten las responsabilidades en término de renuncias a los diferentes puestos en cuestionamiento. Hay gente muy cercana a la presidencia de la República”, comentó Abarca.

El diputado aseguró que espera que la situación judicial sea rápida.

“Que no termine solamente en un show o una intervención de allanamiento que frustra más a los costarricenses”, añadió.

Por su parte María José Corrales, del PLN, aseguró que confía en el trabajo de las autoridades judiciales.

“Debemos tener cero tolerancia. Es la credibilidad en la institucionalidad la que está en juego, en momentos en que se requiere transparencia absoluta en el manejo de las instituciones”, dijo Corrales, quien dijo también esperar respuesta del presidente Alvarado y del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

Con todo

Los diputados Franggi Nicolás, del PLN, y Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, anunciaron una moción para abrir una nueva comisión investigadora en el Congreso por estos casos de corrupción.

“Nuestra obligación, como Congreso, es no quitarle la mirada a estos hechos bochornosos y preocupantes que surgieron a la luz el día de hoy. Los ciudadanos merecen tener información”, dijo Nicolás.

La investigación legislativa se presentaría en diciembre de este año y el panel se integraría con siete legisladores y solo depende de que la mayoría esté de acuerdo.

La diputada del Pusc, María Vita Monge, también se manifestó sobre lo ocurrido en su cuenta de Facebook.

“Mi condena total a la maraña de corrupción que han montado funcionarios irresponsables con empresarios de construcción por años. Este era un secreto a voces que desde muchos gobiernos anteriores se sabía, pero hasta ahora les llega la justicia.

“Lamento mucho que la función pública, edificada para servir y no para servirse, hoy sufra un grave golpe de credibilidad, pero, sin duda, celebro que nuestro Estado de Derecho reaccione y que ese secreto a voces caiga con todo el peso de la ley sobre los responsables”, escribió Monge.

Ella solicitó a las autoridades judiciales que esas investigaciones se amplíen a las licitaciones de obra pública a municipalidades.