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La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una querella y una acción civil resarcitoria contra el diputado Jonathan Prendas en la que exige que pague ¢10 millones por el daño material que habría cometido por un presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El hecho, por el cual la Fiscalía General también presentaría una acusación contra el legislador, ocurrió en el 2019 cuando, al parecer, Prendas habría aceptado una dádiva de un empresario que consistió en un viaje con todo pago a un congreso realizado en España en el 2019.
“Los hechos que se querellan --con probabilidad suficiente-- constituyen delitos de enriquecimiento Ilícito, porque el diputado admitió una dádiva ofrecida en consideración a su cargo como diputado por un sujeto privado, consistente en un viaje a España con boletos aéreos, traslados, entre otros; sufragados de manera privada y por haber percibido el pago de dietas correspondientes a sesiones de la Asamblea Legislativa durante los días que estuvo en dicho viaje, delitos previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública respectivamente”, indicó la Procuraduría de la Ética Pública.
Según la PEP, la Fiscalía General terminó la investigación contra Prendas el 13 de enero de este año y el pasado viernes se presentó la acusación en su contra, por lo que Procuraduría también presentó ese día la querella y la acción civil resarcitoria.
Las autoridades informaron que por tratarse de un diputado en ejercicio se realizará un procedimiento especial para juzgar a miembros de los Supremos Poderes, por lo que la Corte Suprema de Justicia será la que decida si el proceso avanza y es enviado a la Asamblea Legislativa para que se levante el fuero que protege a Prendas.
“En cuyo caso, si se levanta el fuero, el procedimiento seguirá en la Sala de Casación Penal, que es la competente para tomar la declaración al diputado, conferir audiencia para que las partes ofrezcan prueba y señalar fecha y hora para celebrar el juicio oral y público.
“En caso de que se acabe el periodo constitucional en el transcurso del procedimiento, el mismo pasa a ser un procedimiento de la vía ordinaria”, informó la PEP.
