Una mujer de apellidos Campos Durán, de 37 años, fue detenida como sospechosa de sabotaje informático en Cartago.
Campos fue arrestada por agentes de la Sección Especializada Contra el Cibercrimen del OIJ, en Caballo Blanco en Cartago.
Según informó el OIJ, a Campos la investigan desde mayo del 2020, ya que al parecer el personal de una empresa dedicada a la venta y distribución de suministros para oficina se percató de varios ingresos no autorizados a su sistema informático en los cuales se realizaron una serie de modificaciones a la base de datos que afectaron directamente el funcionamiento de la compañía.
Al parecer, encontraban cambios en la lista de clientes.
La investigación de los agentes permitió determinar que Campos era exempleada de la empresa y que actualmente trabaja para la competencia. Ella aparentemente era la persona que ingresaba al sistema informático y por medio de esos accesos habría logrado obtener información sensible que compartía con la compañía en la que ahora labora.
“A través de una investigación especializada y varios trabajos de inteligencia policial como vigilancias y seguimientos, se logró verificar el lugar exacto desde donde la sospechosa habría accedido a los sistemas de la compañía afectada, sitio que fue allanado y se logró el decomiso dos teléfonos celulares y una computadora portátil, además una tableta”, informó el OIJ.
Todos los aparatos que le decomisaron a la mujer fueron llevados al Complejo de Ciencias Forenses para que los archivos sean revisados por un experto en análisis forense informático.
La mujer fue trasladada este jueves al Ministerio Público.
El artículo 229 del Código Penal dice que la pena por el delito de sabotaje informático va de tres a seis años de cárcel a quién: “En provecho propio o de un tercero, destruya, altere, entorpezca o inutilice la información contenida en una base de datos, o bien, impida, altere, obstaculice o modifique sin autorización el funcionamiento de un sistema de tratamiento de información, sus partes o componentes físicos o lógicos, o un sistema informático”.
Las penas podrían ser más altas, de cuatro a ocho años, si se demuestra daño social, si fue hecho por un empleado o persona de confianza y si la información eran datos sobre bases de información públicas.