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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró desmantelar, la mañana de este martes 19 de marzo, una banda sospechosa de cometer delitos de contrabando agravado y lavado de dinero.
Según datos de las autoridades, la investigación inició luego de que la Policía de Control Fiscal (PCF) detuvo un camión de carga proveniente de Panamá, en Río Claro de Golfito.
En el camión, que transportaba electrodomésticos que fueron declarados en la Declaración Única Centroamericana (DUCA), se descubrió una gran cantidad de cigarrillos de contrabando que no habían sido reportados. Tras realizar una valoración, se determinó que el valor de los cigarrillos decomisados, sumado a los impuestos y aranceles no pagados, ascendía a aproximadamente $700.000 (unos 350 millones de colones), lo que representa una significativa pérdida para el fisco costarricense.
A partir de este descubrimiento, la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) inició una investigación en conjunto con el Ministerio Público para identificar a los responsables de la mercancía de contrabando decomisada, determinar sus roles dentro de la organización y desarticular el grupo delictivo.
Durante las diligencias policiales, se logró establecer que se trataba de una organización criminal estructurada, cuyos miembros ocupaban roles específicos dentro de la agrupación. Esta organización ha logrado mantenerse en el tiempo gracias a su capacidad para llevar a cabo actividades ilícitas y legitimar el dinero obtenido del contrabando.
La investigación reveló que las operaciones del grupo se llevaban a cabo en diversas zonas del país, como Cartago, Heredia, Alajuela y Florencia de San Carlos. Utilizando sociedades anónimas como fachada, los miembros de la organización realizaban actividades aparentemente legales, como servicios de transporte, comercio de bienes y distribución de parafina, para encubrir las ganancias provenientes del contrabando.
La forma en que operaba la organización implicaba establecer contacto con grupos delictivos en Panamá para realizar transacciones de compra y venta de mercancía de contrabando. Una vez cerrado el trato, ambos grupos coordinaban el envío de la carga hasta la frontera con Costa Rica, donde contaban con la ayuda de un funcionario de la Dirección General de Aduanas para facilitar su ingreso al país.
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Una vez en territorio nacional, la mercancía era almacenada en bodegas seguras y posteriormente distribuida. Esta mañana, como resultado de la investigación, se llevaron a cabo doce allanamientos en Cartago, Heredia, Alajuela, Golfito y San Carlos, en los que se detuvo a ocho personas, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
