El ultimátum que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dio a las maras, podrían afectar a Costa Rica pues se prevee que los mareros salgan de ese país y busquen irse a otros destinos de Centroamérica.

El criminólogo Gerardo Castaing aseguró que ante la extrema presión que les está metiendo el mandatario salvadoreño a esos grupos, se van a agudizar los movimientos migratorios hacia otros países, principalmente hacia Tiquicia.

¿Por qué hacia nuestro país?, el experto asegura que por la situación que viven naciones como Nicaragua y Honduras, sumado a que son países con ejército, a diferencia de lo que pasa en Costa Rica.

“Costa Rica no tiene ejército y además las fronteras son sumamente porosas o vulnerables y el control sobre los extranjeros es sumamente débil, aquí hay cinturones de criminalidad muy definidos en Los Cuadros, La Carpio, el Infiernillo en Alajuela y Fray Casiano en Puntarenas, todos esos lugares representan confort para ellos (maras), el riesgo es que esa posible migración que se va a dar provoque que se organicen en pandillas aquí y afecte la seguridad del país”, explicó el criminólogo.

Castaing asegura que por lo general estos pandilleros se involucran en delitos robos en casas, asaltos y homicidios no directos, sino detonados por otros delitos, por lo que facilmente se podrían aliar a cualquier grupo criminal establecido.

“Otra situación que se podría dar es que cobren peaje para pemitir entrar a ciertas zonas”, dijo el experto.

En el pasado, lo más común era que estos pandilleros llegaran al país para esconderse porque en su país eran buscados por cometer algunos delitos o porque eran requeridos por los Estados Unidos, pero ahora podrían llegar para quedarse, ese es el peligro.

Punto de quiebre

La situación con los pandilleros en El Salvador es de años, sin embargo, desde que Bukele asumió el poder les declaró la “guerra” y les puso un hasta aquí porque entre el 25 y el 27 de marzo de este año murieron 87 personas por pleitos entre pandillas.

Ante la ola de violencia, el Estado salvadoreño decretó estado de excepción (que es una medida para tratar de mantener a la ciudadanía a salvo) con el fin de detener a los pandilleros sin orden judicial, esa misión ha provocado que en las últimas dos semanas casi 9000 mareros quedaran tras las rejas.

Ahora si los pandilleros amenazan de muerte a quienes los denuncian les podría costar 15 años de cárcel, además, como medida de presión, a los mareros que están presos les quitaron los colchones, les racionaron la comida y ya ni ven el sol con el supuesto objetivo de frenar los homicidios.

Aunque se estima que en ese país hay 70.000 pandilleros, hasta marzo se reportaban detenidos 16.000.

Además, los bichos que están presos han sido llevados a borrar varios grafittis en algunas comunidades que solo eran para “establecer” poder.

La Teja consultó a Migración y Extranjería si están tomando algunas medidas de prevención y aseguraron que la Policía Profesional de Migración, por mandato de ley, tiene la obligación de estar pilas siempre.

Según los datos de Migración se han ubicado, aprehendido, deportado, expulsado y rechazado a más de 34 mareros en el 2020, 41 en el 2021 y 12 en lo que llevamos del 2022.

Migración y Extranjería confirmó que aún faltan de expulsar a algunos de los mareros identificados, pero no detalló cuántos son.

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“Es importante indicar que, a partir de los diferentes cambios en las leyes de El Salvador, se ha analizado la posibilidad de que exista un flujo de personas saliendo hacia otros países y con el fin de evitar que estas personas ingresen a nuestro territorio, se ha generado la alerta al personal policial en los puestos de control migratorio para mantener la vigilancia que se ha venido desarrollando en estos últimos tres años.

“Esto con el objetivo de evitar que estos grupos puedan ingresar a nuestro país y lo vean como un lugar para resguardarse de la persecución que ha generado el gobierno salvadoreño”, dice Migración.