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El Estado costarricense enfrenta una acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que admitieran una solicitud para que se dieran respuestas de por qué el caso del crimen en la cruz de Alajuelita quedó impune.
El abogado Rogelio Ramírez fue quien hizo la solicitud y aunque la documentación fue presentada en febrero del 2021 fue hasta el pasado 8 de mayo que la CIDH lo admitió luego de que recibieran las respuestas del gobierno que indicaban que ya ha pasado mucho tiempo.
“El Estado no pudo materializar su condena porque dos de ellos fallecieron en la etapa de la investigación inicial, el tercero fue asesinado durante la realización del segundo juicio, y el cuarto fue absuelto porque al momento de los hechos era menor de 18 años, y porque se aplicó la duda razonable a su favor. Sin embargo, aduce que la fiscalía logró esclarecer los hechos y que no se obtuvo la condena de los responsables por razones ajenas a la actuación del Estado”, contestó el Estado.
Al declarar el caso admisible, ahora la CIDH hará un análisis de los hechos denunciados.
“Este pequeño gran paso, es sumamente importante porque a pesar de los argumentos del Estado costarricense para que la demanda fuese rechazada, la CIDH ha resuelto que el caso debe admitirse para su conocimiento por el fondo. A través de la prueba aportada por nosotros si el Estado costarricense efectivamente violó derechos humanos en ese caso por denegar justicia y permitir impunidad”, dijo Ramírez.
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Añade: “Esto por sí solo, debió generar mucho mayor interés y esfuerzo por parte del Estado para identificar a los verdaderos responsables y dar respuesta a las víctimas. En vez de ello, lo que han obtenido las familias de parte del Estado ha sido silencio, indiferencia y hasta humillación”.
Las partes esperan que el Estado sea condenado por las omisiones que hubo en este caso.
“Puede ordenarse desde un resarcimiento hasta una disculpa pública del Estado, y obviamente un reproche por violación de derechos humanos y la obligación de tomar medidas en todo ámbito -político, normativo e institucional- para impedir que hechos similares se repitan”, dijo Ramírez.
La masacre ocurrió el 6 de abril de 1986 y sucedió en el cerro San Miguel, donde está la famosa Cruz de Alajuelita, cuando una adulta y seis niñas fueron asesinadas en una peregrinación a ese lugar.
Las víctimas fueron Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, y sus hijas María Gabriela, de 16 años; María Auxiliadora, de 11, y Carla Virginia, de 9; además de sus sobrinas Alejandra, de 13 años; Carla María, de 11, y María Eugenia de 4.
“Esto lo tomo como una esperanza después de 38 años que sentí que me dejaron a la deriva con las manos atada”, dijo Rosario Zamora, hermana y mamá de víctimas.
