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La Corte Suprema de Justicia acordó solicitar a la Contraloría de Servicios y a Planificación un estudio para determinar por qué un caso contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez tardó 20 años y nunca fue llevado a juicio.
La propuesta fue presentada por el magistrado Fernando Cruz luego de que se diera a conocer que el pasado 8 de noviembre el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial dictó una nulidad absoluta por la tardanza en la tramitación del caso conocido como INS/Reaseguros.
“No fue una absolutoria ni un sobreseimiento, sino una nulidad absoluta por la parálisis del sistema judicial, y ante esto yo no me puedo quedar en silencio.
“El Tribunal está reconociendo que tenemos una parálisis para resolver temas de tanta trascendencia. No se le demostró al encausado su culpabilidad y él no pudo demostrar su inocencia, es decir, el tribunal evidencia que la parálisis es grave y que llevaban 20 años y no pudieron resolverlo”, destacó Cruz.
El magistrado usó este caso para hablar del problema que se vive por la llamada mora judicial, donde hay causas que iniciaron hace más de 10 años y aún no han sido llevadas a juicio. Cruz enfatizó que el objetivo de este estudio es determinar qué es lo que esta causando los atrasos en estos casos.
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“La Contraloría de Servicios requiere como un protocolo para abordar estos temas y que no sea algo muy particular”, añadió.
Cruz también propuso que se hiciera un estudio para otro proceso contencioso que tiene más de 20 años sin resolverse, se trata de una causa conocida como Hidroflorencia contra el ICE.
“La Contraloría de Servicios y Planificación deben hacer un estudio sobre las causas que han provocado esta tardanza tan grave en el sistema judicial. No hay un protocolo sobre mora judicial para que la Contraloría intervenga cuando un asunto dure más de diez años”, destacó.
Los demás magistrados presentes en la sesión de Corte Plena de este lunes coincidieron con lo presentado con Cruz y tomaron la decisión de solicitar que se haga un informe de ambos casos, que debe ser presentado en un plazo de 3 meses.
En cuanto al caso contra expresidente, el cual sería archivado, este inició en el 2001 debido a una investigación relacionada con el supuesto pago de dádivas a funcionarios estatales, cuando el Instituto Nacional de Seguros (INS), adquirió un reaseguro con compañías extranjeras.
La causa se manejó en dos expedientes. una referente al aparente pago de $2,1 millones que habría realizado la reaseguradora londinense PWS, entre los años 1998 al 2002 y otra relacionada con presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis Re, durante el 2001.
