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La Corte Suprema de Justicia pidió a los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que no aprueben el recorte presupuestario de ¢7.838 millones que el Ministerio de Hacienda solicitó para el Poder Judicial de cara al 2023.
Los magistrados indicaron que el recorte presupuestario fue hecho sin consulta ni criterio técnico, por lo que de aprobarse causaría enormes afectaciones a las entidades del Poder Judicial, como por ejemplo el Organismo de Investigación Judicial.
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“Hacer una vehemente instancia a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para que, con vista de los razonamientos técnicos expuestos, no se apruebe el rebajo realizado por el Ministerio de Hacienda de forma inconsulta y sin criterio técnico al presupuesto del Poder Judicial y se mantenga el presupuesto aprobado por este Poder de la República para el año 2023, que fue ajustado a los lineamientos establecidos en su oportunidad por ese Ministerio; presupuesto que ya de por sí mantenía una fuerte restricción y limitación para las acciones del próximo año”, indica la Corte en un comunicado de prensa.
Según la Corte, los rebajos realizados por las autoridades del Ministerio de Hacienda representan “un riesgo para el funcionamiento operativo de este Poder de la República”.
Walter Espinoza, director del OIJ, anteriormente también mostró su preocupación sobre dicho recorte, e incluso señaló que si este llega a aprobarse podría obligar a que la Policía Judicial sufra un cierre técnico a partir de abril del 2023.
