La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que es improcedente que las municipalidades paguen los salarios de los seis alcaldes investigados por el caso Diamante durante los seis meses de suspensión del cargo que se les dictó como medida cautelar.

Este martes la Contraloría General envió una comunicación preventiva a las municipalidades de San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Osa y Golfito, informándoles el criterio emitido en el pasado sobre casos similares en los que funcionarios fueron suspendidos por una causa penal.

“En esta comunicación se indica que en aquellos casos donde exista un impedimento ajeno, tanto a la voluntad del trabajador como del patrono por el cual el trabajador no pueda cumplir su labor, la relación laboral se suspende sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario”, explicó Luis Diego Ramírez, gerente de la División Jurídica de la CGR.

Ramírez dijo que en el documento también señala que no corresponde el pago del salario a aquel funcionario al que un juez penal le haya impuesto medidas cautelares, aunque estas no sean prisión preventiva, si se le imposibilita asistir al trabajo.

Está vigente

La Controlaría destacó que este es un criterio vigente y que fue enviado a las municipalidades de forma oportuna para que lo tomen a consideración a la hora de determinar alguna decisión sobre este caso.

“Es deber de las autoridades públicas actuar con apego al principio de legalidad, aspecto que deben asegurar las jerarquías institucionales e instancias administrativas y pueden verificar también las auditorías internas”, indicó el entre contralor.

En cuanto a los alcaldes investigados por el caso Diamante, únicamente Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa) han renunciado a sus salarios durante el tiempo de suspensión; los otros cuatro alcaldes estarían a la espera de que se resuelvan las apelaciones que presentaron a las medidas cautelares dictadas el pasado viernes 19 de noviembre por el Juzgado Penal de Hacienda.