La Sala III confirmó las penas de cárcel dictadas contra el médico llamado Francisco Mora Palma y contra el comerciante griego llamado Dimosthenis Katsigiannis Karkasi, por tráfico de órganos (delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos).

Mora, quien al momento de los delitos trabajaba en el hospital Calderón Guardia, descuenta una pena de 12 años, mientras que Katsigiannis, quien tenía una pizzería frente a ese centro médico, cumple un castigo de ocho años.

La Fiscalía informó este miércoles que con la decisión de la Sala, la sentencia quedó en firme.

Después de terminado el juicio contra ellos, en diciembre del 2017, el Ministerio Público apeló la decisión de los jueces, ya que condenaron a los hombres por un delito, pero a criterio del fiscal debieron ser condenados por la totalidad de casos demostrados, que fueron 14.

En 12 de ellos, los trasplantes se consumaron y en otros dos no fueron posibles, pero sí se demostró que estaban planeados.

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El 29 de junio de 2018, el Tribunal de Apelación de Sentencia acogió el recurso de apelación y ordenó un nuevo juicio. La defensa de los imputados presentó un recurso de casación que fue resuelto por la Sala III y notificado a la Fiscalía el viernes pasado.

Con esa última resolución quedó automáticamente desechada la petición del fiscal de endurecer las penas contra los sentenciados.

En el proceso en que condenaron al doctor y al extranjero también fueron acusados tres médicos más, sin embargo, en el juicio ellos salieron bien librados.

Comerciante se sacude

La Fiscalía aseguró en el debate que el europeo se conseguía donadores de riñones en la pizzería que tenía y luego los contactaba con los doctores que hacían las operaciones, pero el griego le dijo a La Teja, en una entrevista en mayo de este año, que eso era falso.

“Antes de que pasara todo eso, me llamó un conocido de Estados Unidos y me dijo que un amigo griego tenía cierto problema con los riñones y me preguntó si aquí hacer ese tipo de procedimientos era legal (trasplante de órganos).

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“Consulté con médicos muy conocidos que eran clientes de mi negocio y me dijeron que aquí eso es legal, que no hay problema. Me dijeron que se necesita una declaración jurada y un papel de consentimiento y ya se puede hacer. Entonces yo comenté eso con la persona que me había llamado”, contó el reo en aquella ocasión, desde la prisión de San Sebas.

“Durante cinco años, del dos mil cinco al dos mil diez, mi participación fue con tres paisanos míos (griegos) que ocuparon esta ayuda, aquí hubo personas voluntarias y así se hizo”, aseguró.

Dimos, como le dicen sus conocidos, reconoce que fue él quien consiguió a los donadores en esos tres casos, pero dice que no obtuvo ningún tipo de beneficio por su ayuda.

El Ministerio Público aseguró en el debate que la red de la que formaba parte el griego recibió unos $140.000 (unos ¢84 millones) por cada procedimiento.

La Fiscalía dice que $40.000 (¢20 millones) eran para el ‘donante’, pero estas personas nunca recibieron esa suma. Hubo quienes apenas recibieron ¢3 millones y otros ¢10 millones como cantidad máxima.

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Pese a que el panorama del griego es complicado, él dice que tiene la esperanza de salir libre pronto y retomar su vida.

“Yo todos los días leo los periódicos, voy a la biblioteca y además estudio. Aquí he aprendido a hablar el español mucho mejor, ya me defiendo. Cuando salga de aquí me gustaría poner otro negocio, tal vez un parqueo y algo de comidas, ese es mi plan a futuro”, detalló.