EscucharMuy probablemente la familia de Randall Jesús Rojas Soto considera que se hizo justicia al saber que el Tribunal Penal de Sarapiquí condenó a cinco hombres por haberle quitado la vida.
A ellos les impusieron la sentencia este lunes 20 de marzo, pasadas las 5 de la tarde, bajo un gran despliegue de seguridad de Cárceles del OIJ y del Tribunal Penal de Goicoechea, donde se desarrolló el debate.
Los sentenciados son de apellidos Serrano Cerdas, Velásquez Pérez y González Solís; quienes estuvieron en la sala penal. Además de otros dos hombres de apellidos Gómez Céspedes, Rodríguez Céspedes, que no estuvieron en la sala debido a que en el centro penal en el que estaban hubo una orden sanitaria debido al covid-19.
A ellos los encontraron responsables por homicidio agravado y les impusieron a cada uno 33 años de pena. Además, les impusieron otros cinco años de cárcel por el delito de robo agravado, para un total de 38 años de sentencia para cada uno.
Es decir, 190 años de pena en total.
Los jueces solo los absolvieron del delito de asociación ilícita.
Randall Jesús murió la mañana del lunes 12 de octubre del 2020, cuando al menos siete sujetos intentaron asaltar la sucursal de Sarapiquí, donde él trabajaba.
Junto a ellos habría participado un adolescente, quien por ser menor de edad lleva un proceso aparte. Todos ellos habrían sido liderados por un sujeto que nunca fue capturado.
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Los jueces dijeron que la sentencia la dictaron con base en los testimonios que recibieron durante el debate.
La investigación señaló que la víctima sufrió balazos en la cabeza, el pecho, el abdomen, los brazos y las piernas al enfrentarse a los sospechosos. En total recibió 21 disparos.
En apariencia, los sospechosos se fueron hacia las cajas, sin embargo no las pudieron abrir porque el sistema de seguridad del banco bloqueó las puertas.
Este caso lo investigó la fiscala Yolanda Jiménez.
A los imputados, además, les ampliaron la prórroga de ocho meses más de prisión preventiva hasta que la sentencia quede en firme.
Deben pagarle ¢164 millones
La compañera sentimental de Randall Rojas interpuso una demanda civil por los daños causados y los jueces le dieron la razón, por lo que condenaron a la empresa de Seguridad Alfa y al Banco Nacional al pago de ¢164 millones.
Los jueces consideraron que la víctima solo cumplía con sus funciones debido a un contrato que había entre la empresa de seguridad y la entidad bancaria.
“Hay un contrato entre las dos empresas. En el contrato dice que tienen que acogerse a todas las implicaciones de seguridad que el Banco le indique a la empresa y entonces la empresa asume la responsabilidad”.
“¿Qué es lo que pasa en este caso? Se logra determinar que existía una relación contractual, laboral entre la empresa y don Randall, la empresa le dice: ‘si usted no cumple con lo que nosotros le decimos lo podemos despedir sin responsabilidad’ y ahí se ve la firma de don Randall y la empresa Alfa, que acogen todos los mecanismos del Banco”, señalaron los jueces.
Mariela Brenes, abogada de la compañera sentimental de Randall dijo estar conforme con el fallo.
“Esperamos dos años y resto, pero se hizo justicia al fin”, manifestó Brenes.
Óscar Villanave, también abogado de la familia del fallecido, indicó que de ahora en adelante el Banco Nacional no debe evadir responsabilidades para la seguridad como tener a guardas sin chaleco antibalas ni armas, tal como estaba la víctima.
