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Un chofer del Ministerio de Justicia, de apellido Gómez, enfrenta una causa administrativa porque, al parecer, tenía un negociazo ilegal en el que vendía celulares a privados de libertad.
Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, dijo que ellos habían recibido informaciones sobre el caso desde hacía unos cuatro meses y lo estaban investigando.
El sospechoso se encarga de movilizar personas en busetas entre las diferentes cárceles del país.
“Hoy en la mañana (miércoles) encontramos un paquete con cuatro celulares nuevos que iba con su respectivo cargador y manos libres; precisamente el paquete está vinculado con ese funcionario administrativo que estamos investigando desde hace un tiempo.
“También revisamos el dormitorio del trabajador y encontramos unos tres o cuatro teléfonos más”, explicó el jefe policial.
Mucho riesgo.
Bertozzi fue enfático en decir que un celular en manos de un recluso implica un gran peligro.
“Estas personas usan esos teléfonos para cometer estafas desde los centros penitenciarios, extorsiones, continúan dirigiendo grupos narcotraficantes y hasta dan órdenes a sicarios, y esas son cosas que no podemos permitir”, argumentó el funcionario.
El jefe de la Policía aprovechó para recalcar la importancia de un proyecto de ley que ellos están proponiendo para que las empresas de telefonía bloqueen la señal dentro de las prisiones y así los reos no tengan forma de usar celulares.
Por el momento, el caso de Gómez se está llevando a lo interno del Ministerio de Justicia.
“El informe va a ser enviado al director de Adaptación Social para que él tome la decisión de si el sospechoso continuará en la institución y nosotros seguiremos investigando si traía solo celulares a los centros o también otros artículos y dependiendo de lo que encontremos podríamos enviar el caso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, explicó el encargado.
