El uso de chips prepago para celular y las políticas de protección del anonimato en Telegram serían las principales trabas que enfrentarían las autoridades para perseguir a más de tres mil enfermazos que comparten fotos íntimas de mujeres sin que ellas sepan nada.

La existencia de chat grupal salió a la luz la semana pasada, luego de que en redes sociales varias personas denunciaron la situación y de paso quemaron a varios de sus miembros.

Ante esto el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) le pidió al OIJ y a la Fiscalía intervenir en el caso, pero dichas entidades solo dijeron que están verificando la información y aún no se ha abierto una causa.

José Adalid Medrano, abogado especialista en Delitos Informáticos y Ciberseguridad, nos explicó que las autoridades tienen que ponerse las pilas para agarrar a los sospechosos, pues entre más tiempo pase menos evidencias van a encontrar.

Trabas

Medrano aseguró que las autoridades cuentan con la legislación y las herramientas necesarias para llevar a estos enfermazos ante la justicia, el problema es que también dependen de la colaboración que Telegram quiera darles.

“Cuando los sospechosos participan por medio de seudónimos (nombres falsos) se necesita de la colaboración de Telegram, pero ellos solo cooperan cuando se trata de delitos vinculados con el terrorismo”, detalló.

Si la empresa decidiera colaborar, las autoridades tica contarían con las direcciones IP de los sospechosos, por lo que podrían rastrear su ubicación real.

Pero esa no es la única traba que enfrentan, pues el uso de chips prepago es el problema más difícil de resolver en este caso.

“Con los planes prepagos no siempre se garantiza el conocimiento de la identidad real de la persona que consume el servicio, por ende, también se presenta una dificultad para vincular a una persona con los hechos delictivos”.

Ante esta situación las autoridades podrían trabajar con los números telefónicos y fotos de los sospechosos que fueron difundidos en redes, el problema es que para actuar necesitan evidencia de que estos participaban en el grupo.

Delitos

El especialista explicó que los miembros de este grupo se exponen a varios delitos, los cuales dependerán directamente del material que hayan compartido o recibido.

“Si en ese grupo se difunde pornografía infantil, que a mi no me consta, todas las personas que ingresaron y recibieron esos contenidos estarían cometiendo el delito de tenencia de pornografía infantil, enfrentando penas de uno a cuatro años de cárcel”.

Si en el grupo solo se compartieran fotos íntimas de mujeres mayores de edad sin el consentimiento de estas, esas personas estarían cometiendo el delito de violación de correspondencia o comunicaciones, por lo que les podrían recetar hasta 4 años de prisión.

“Los administradores de estos grupos podríamos verlos bajo la figura del tipo penal de la facilitación del delito informático, que es aquel brinda los medios para la comisión de un delito y la pena va de uno a cuatro años”, añadió.