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La Procuraduría de la Ética Púbica (PEP) está pidiendo que los nueve acusados por el sonado caso conocido como el Cementazo, sean condenados a pagar una millonada por el presunto daño social que habrían causado con sus acciones.
Así lo informó dicha institución este miércoles, al explicar que el pasado viernes 29 de julio se interpuso una querella y una acción civil resarcitoria solicitando que los acusados y cuatro personas jurídicas paguen al Estado una indemnización total de diez millones de dólares (casi 6.700 millones de colones), así como al pago de intereses y las costas del proceso.
“El siguiente paso en el proceso consiste en recabar un peritaje por daño social peticionado por la representación estatal, para determinar pericialmente el monto del daño social producto de los hechos delictivos señalados, lo cual se realizará en la Fiscalía General.
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“Este proceso es de carácter ordinario, por lo que luego de que la Fiscalía ponga en conocimiento de los imputados las querellas formuladas por los diferentes legitimados y de traslado de las acciones civiles resarcitoria a los demandados civiles, el expediente deberá trasladarse al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para señalar la audiencia preliminar, en la cual se analizará la posibilidad de aplicar salidas alternas al proceso, el procedimiento especial abreviado o realizar el examen de la acusación, querellas y acciones civiles para determinar si se eleva el caso a juicio”, informó la PEP.
La lista de acusados la conforman Juan Carlos Bolaños, empresario; Mario Cortés Zúñiga y Javier Rojas Segura, ambos gerentes de Sinocem. Además, del BRC: Paola Mora Tumminelli, expresidenta del BCR; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgos ; Gilbert Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, exdirector de Gestión de Créditos; Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista
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El pasado 13 de julio, luego de una investigación de casi 5 años, la Fiscalía General finalmente presentó una acusación contra estas personas por los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización o encubrimiento de bienes públicos.
