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El caso conocido como INS/Reaseguros, al cual fue vinculado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, finalmente será archivado tras un proceso legal que inició hace más de 22 años y en el cual nunca se llegó a juicio.
Así lo dio a conocer Cristhian Arguedas, abogado del expresidente, quien explicó que esta decisión fue tomada por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José (Penal de Hacienda y Función Pública) tras declarar con lugar la actividad procesal defectuosa promovida por la defensa.
De esta manera es que dicho Tribunal, mediante sentencia del 8 noviembre, declaró “viciado por defecto absoluto” el expediente 05-000002-0621-PE, el cual deberá ser archivado.
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“Es un triunfo absoluto del Estado de Derecho, porque se trata de un expediente que se ha estado tramitando por más de 22 años y aún siguen diligencias pendientes y no hay fecha cierta para un juicio. Esto es una violación a los derechos constitucionales de las personas porque desnaturaliza la finalidad del proceso penal en sí, como la misma Sala Constitucional lo declaró en el voto 2022-003946 del 18 de febrero de 2022″, señaló Arguedas.
Según el abogado, tras analizar el recursos presentado por la defensa el Tribunal señaló que el proceso en su totalidad era ineficaz y lo declaró espurio, porque se violentaron los derechos constitucionales de Miguel Ángel Rodríguez.
“Los costarricenses tenemos derecho a ser juzgados en un plazo razonable. Pasar 20 o 30 posibles años defendiéndose es, francamente, una barbaridad”, añadió.
Por su parte, el expresidente se mostró satisfecho con la decisión del Tribunal y aseguró que él siempre confío en el sistema de justicia del país. Durante este proceso ya se había dictado un sobreseimiento a favor de Rodríguez, pero este fue apelado posteriormente.
“Hace 18 años volví a Costa Rica para dar la cara, por mi confianza en los Tribunales, en el debido proceso y en los jueces de Costa Rica. Hoy esa confianza en el Estado de Derecho vuelve a verse ratificada”, destacó.
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Este caso inició debido a una investigación relacionada con el supuesto pago de dádivas a funcionarios estatales, cuando el Instituto Nacional de Seguros (INS), adquirió un reaseguro con compañías extranjeras.
La causa se manejó en dos expedientes. una referente al aparente pago de $2,1 millones que habría realizado la reaseguradora londinense PWS, entre los años 1998 al 2002 y otra relacionada con presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis Re, durante el 2001.
