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La Fiscalía podrá solicitar nuevas medidas cautelares contra los sospechosos en el caso Gandoca -Manzanillo, luego de que el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública declararán con lugar la apelación presentada por el Ministerio Público.
Los imputados son de apellidos Pacheco, Campbell, Cruz, Salas y Camacho, quienes fueron detenidos por los delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
“Tras las detenciones (en julio del 2024), los despachos del Ministerio Público solicitaron medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública; sin embargo, ese último órgano rechazó la petición. Entre otros motivos, señaló ausencia de grado de probabilidad de los hechos atribuidos a los sospechosos”, recalcó la Fiscalía.
El Ministerio Público impugnó esa resolución alegando que en el fallo existía falta de motivos de fundamentación.
“Todas las partes del proceso fueron convocadas por el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública a una audiencia oral de apelación, que se desarrolló los días 6, 11 y 14 de febrero. La resolución emitida por esa instancia fue notificada hoy, y señala que el fallo que rechazó la imposición de medidas cautelares resulta ausente de motivación en el grado de probabilidad”, indicó la Fiscalía.
Cuando la Fiscalía pidió medidas cautelares luego de la detención en julio del 2014, solicitó contra el sospechoso Pachecho Dent firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental con sede en Pococí e impedimento de salida del país.
Mientras que contra Camacho Calvo, la inhabilitación como regente forestal, prohibición de emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal. Firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental e impedimento de salida del país.
Y para los imputados Campbell Lindo, Cruz Torres, Salas Rodríguez, pidieron suspensión en el ejercicio del cargo, impedimento para ingresar a las oficinas de SINAC-ACLAC, y no mantener contacto perturbatorio con dos testigos.
Las fiscalías solicitaron nueve medidas cautelares atípicas; entre ellas, la anotación de fincas ante el Registro Público, la suspensión y archivo de todos los permisos de aprovechamiento forestales pendientes de autorización, así como del transporte de madera proveniente de dichas fincas.
También se había requerido el impedimento del tránsito de vehículos y personas a través de las fincas, ya sea en las trochas realizadas o en cualquier sector donde se haya talado árboles o corresponda a humedal.
Así mismo abstenerse de sembrar pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque, y abstenerse de realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque.
El caso Gandoca-Manzanillo investiga una serie de irregularidades para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal.
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“Se sospecha que, de esa manera, se buscaba cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales, con el presunto fin de desarrollar una infraestructura urbanística”, señala la Fiscalía.
El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública tendrá que hacer una nueva audiencia para que el Ministerio Público reitere la solicitud de medidas cautelares
