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José María Figueres, candidato a la presidencia del país por el Partido Liberación Nacional (PLN), le pidió al Tribunal de Ética de dicha bancada política tomar acciones luego de que este lunes cuatro alcaldes liberacionistas fueran ligados con el caso de supuesta corrupción denominado “Diamante”.
Los detenidos son Johnny Araya, alcalde de San José; Humberto Soto, alcalde de Alajuela; Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos y Alberto Cole, alcalde de Osa.
A estos también se suman Mario Redondo, alcalde Cartago por el Partido Alianza Demócrata Cristiana, y Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú por el Partido Nueva Generación.
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“Al igual que lo hemos hecho con el caso Cochinilla y otros, apoyamos toda acción que luche contra la corrupción”, expresó Figueres.
El candidato verdiblanco señaló que el Tribunal de Ética del PLN debe asumir de inmediato su responsabilidad frente a estas investigaciones y actuar conforme lo establecen los estatutos.
“Si alguna de las personas bajo investigación tuviera responsabilidad en la campaña, se retirará de la misma de forma inmediata”, dijo Figueres en un comunicado de prensa.
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Pese a lo dicho por Figueres, La Nación dio a conocer que Johnny Araya aún aparecía como miembro del Consejo Político de su campaña electoral en un organigrama que se encontraba en el sitio web presidentefigueres.cr , el cual fue dado de baja este mismo lunes.
El equipo de comunicación del candidato del PLN comunicó que el alcalde de San José salió de dicha estructura hace semanas, pero no brindaron mayores detalles del motivo.
Araya y los otros tres alcaldes liberacionistas fueron detenidos junto a otros 9 imputados, entre estos funcionarios municipales y un gerente de Meco, la mañana de este lunes por medio de 40 allanamientos realizados por el OIJ y el Ministerio Público en diferentes puntos del país.
La Policía Judicial informó que el caso Diamante está relacionado con supuestos hechos de corrupción en los cuales, al parecer, alcaldes y funcionarios de los municipios habrían aceptado sobornos de Meco a cambio de beneficiar a la constructora con licitaciones para obras viales y la agilización en el pago de facturas, muy similar a lo investigado en el caso Cochinilla.
