Escuchar
Los seis alcaldes investigados en el caso Diamante quedaron en libertad la tarde de este miércoles 17 de noviembre; sin embargo, siguen presentes en la audiencia de medidas cautelares.
Glen Calvo, fiscal del caso, no pidió prisión preventiva contra los alcaldes detenidos, sino otras medidas cautelares como impedimento de salida del país, no acercarse a las municipalidades ni a testigos, firmar una vez al mes y que se les suspenda de su cargo, por eso los defensores pidieron que no los dejarán más tiempo presos y la jueza accedió.
Poco antes de las 3 de la tarde, cada uno de los funcionarios salieron a pie del parqueo de los Tribunales de Goicoechea, donde sus abogados los esperaban para ir a la audiencia de medidas, esto después de 48 horas de permanecer en celdas judiciales.
El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, aseguró que el Poder Judicial solo está haciendo su trabajo, que los casos investigados se están individualizando y espera que para esta semana todo esté más ordenado. Además, consideró innecesarias las detenciones.
Alberto Cole, alcalde de Osa, dijo lo siguiente al salir:
“Era obvio que íbamos a contratar al que ofrecía el servicio más barato (MECO), jamás solicité ningún beneficio. Ustedes pueden ver ahí (en el expediente) que, a título de ciudadano, le dije un día a un funcionario de MECO que un equipo atlético necesitaba una cancha atlética, que ellos tenían ¢15 millones, entonces por qué put... no les ayudaban si a ellos les sobra mezcla, ya por eso creen que es suficiente para que yo me vea comprometido”.
Además, aseguró que le gustaría terminar su jornada e irse para su casa, pero por el momento las medidas cautelares no le permiten renunciar.
“No soy amigo de funcionarios de MECO, pero los conozco porque hay coordinación, así como con el que repara los aires, el alcalde es la persona más preocupada de que en el cantón todo se haga rápido y que se resuelvan los problemas”, dijo Cole.
Otro de los que habló al salir fue Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos, él aseguró sentirse tranquilo.
“Quiero ser honesto con mi pueblo, uno siempre busca a la prensa cuando hace obras y estoy muy tranquilo porque con el tiempo se darán cuenta de que todo lo que se dijo no es cierto. Mi labor es reunirme con los empresario, no solo MECO. El reunirse con una persona no significa que uno es corrupto, eso es una equivocación, usted tiene que tratar con los empresarios muchas cosas que se hacen en los cantones”, dijo.
“Estoy feliz, pero golpeado como ser humano, no recibí dinero. Voy a decirlo con honestidad, por mi madre de 89 años (empieza a llorar), yo nunca recibí dinero de MECO, se lo puedo decir con honestidad y pongo mi sangre que eso no es cierto, y le pido a la prensa que le diga a la Fiscalía que me demuestre dónde está la plata”, dijo Córdoba.
Mario Redondo, cabeza de la muni de Cartago, salió muy rápido junto a su abogado pues iba para la audiencia y no dijo nada.
Johnny Araya, alcalde de San José, explicó que daría declaraciones hasta después de la audiencia.
“No voy a dar declaraciones, sí se las voy a dar pero después de que termine la audiencia, hoy mismo. Como siempre, he dado la cara y la voy a seguir dando”, dijo Araya.
Por último, Humberto Soto, alcalde de Alajuela, rechazo los cargos.
“Me declaro inocente, estoy trabajando por mi cantón de Alajuela, siempre he trabajado de la mano con el concejo, la comunidad y los funcionarios, no he recibido ninguna dádiva, durante el proceso judicial todo eso se va aclarar, estoy muy tranquilo, he trabajado de manera consciente y transparente”, dijo.
Los alcaldes podrán ir a dormir a sus casas, pero deberán seguir en la audiencia que es posible se extienda hasta el viernes.
Solo contra el gerente de la planta de asfalto de MECO, un hombre de apellidos Gutiérrez Vargas, se solicitó prisión preventiva por ser el sospechoso de contactarse con los involucrados. Gutiérrez también es investigado por el caso Cochinilla.
