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Los 30 sospechosos detenidos por el caso de corrupción con las obras viales conocido como “Cochinilla”, pasaron de los supuestos lujos que recibieron a tener que sentir el ácido de estar en una celda del OIJ.
A ellos los agarraron el lunes pasado después de que el OIJ pasara casi dos años investigando los supuestos sobornos.
Aparentemente, las empresas constructoras les daban a los funcionarios plata, carros y hasta favores sexuales --que aparentemente eran idas a hoteles con modelos-- a cambio de verse favorecidas en las adjudicaciones de las carreteras.
Los sospechosos, que son funcionarios del Conavi y los apoderados de empresas Meco y H. Solís, fueron interrogados el lunes y la audiencia para definir quiénes se quedarán en prisión preventiva y quiénes con medidas alternativas, arrancó el martes en la tarde, por lo que ya llevan casi tres días encerrados.
Sin embargo, puede que los tres días en las celdas se les queden cortos a los sospechosos, porque el caso “Cochinilla” fue declarado como de trámite complejo, por lo que es un hecho que la audiencia se extenderá por varios días más y mientras esta no se resuelva, tendrán que seguir detenidos.
Le consultamos al abogado penalista Francisco Herrera cómo son las celdas judiciales para darnos una idea y nos aseguró que los que están detenidos ahí deben estar deseando jalar.
El licenciado nos contó que las celdas están en el sótano del edificio y así como hay quienes salen caminando, porque no les recetaron prisión, hay otros que deben salir en perrera de ahí.
“Son varias celdas, le puedo decir caben unas cuarenta personas en cada una, las de Goicoechea están un poco más bonitas que otras, los separan hombres de mujeres, pero cuando eso está muy lleno, según he visto, ha pasado que han estado mezclados, tienen colchonetas y las ponen en el suelo para acostarse, a veces hasta las comparten, pero ahí no se puede ni dormir”, describió Herrera.
El defensor asegura que donde están las celdas está muy oscuro y que además los que estén dentro de una celda comparten un baño.
“Ahí solo el abogado puede ingresar a ver a los detenidos, hay poca iluminación y cuesta hasta verse las manos, a veces sale uno medio picado por los zancudos y los mosquitos, pero también ahorita lo peor de estar ahí es que con el covid-19 se vuelve peligroso, aunque se siguen los protocolos”, añadió el abogado.
Los sospechosos tienen derecho a que les lleven un cambio de ropa y que la persona que la deje se lleve la sucia. Todos los detenidos están al mismo nivel, o sea, ahí no hay clase social que valga.
“Uno considera hasta a los oficiales porque cuando hay mucha gente ahí metida hace un bochorno horrible y a veces hay una mezcla de olores a comida, porque les dan en la celda lo que vayan a comer”.
El abogado nos contó que a veces a los sospechosos que son de delitos menos violentos les va feo cuando los revuelven con gente por delitos más violentos, porque hasta los amenazan.
Además, no pueden pedir comida fina como en los hoteles o caros restaurantes, sino que les toca comer lo que les llevan en todos los turnos. El único contacto que tienen es con sus abogados.
“A veces las audiencias tardan ocho horas, otras veces se logra llegar a diez, pero a veces como son tantos imputados se vuelven demasiado cansadas”, relata Herrera.
Los detenidos en el Conavi son: Carmen Madrigal Rímola, gerente de Proveeduría Institucional; José Rojas Monge, director financiero; Edgar May Cantillano, gerente de Conservación de Vías y Puentes y Sergio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería del Consejo.
Además, Hugo Zúñiga Fallas y Harold Mora Obando, funcionarios de la gerencia de Conservación de Vías y Puentes y de la dirección de Costos de Vías y Puentes; Laura Chaves Mora, de la unidad ejecutora del puente binacional sobre el río Sixaola; Marcela Monge Hernández, de la gerencia de Adquisición y Finanzas, así como un ingeniero identificado como Abraham Sánchez Castro.
También los funcionarios del departamento de Ejecución Presupuestaria, Eliécer Rivera Campos y Mauricio Ortiz Vega y Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Conavi.
De la empresa Meco fue detenido un empresario de apellidos Cerdas Araya y en la constructora H. Solís la apoderada, una mujer de apellido Solís Vargas y su hermana, con los mismos apellidos.
Los otros arrestados son de apellidos Bolaños Salazar, González Carballo, Arce Alpízar, Bonilla Guillén, Abarca Quesada, Martínez Martínez, Herrera Chacón, Castro Rodríguez, Cervantes Morales, Mora Obando, Quesada Pérez, Zamora Zamora, Ureña Villalobos, Quesada Aguirre, Rodríguez Araya y Sittenfeld Apple.
Algunos de los abogados defensores consideraron en las afueras de los tribunales que la solicitud de medidas cautelares fue un poco precipitada, además que algunos documentos ya prescribieron y que una parte de la prueba es débil. La prueba documental es de más de 13 mil folios.
La audiencia podría extenderse hasta el viernes 18 de junio.
