28 sospechosos del caso Cochinilla, quienes esperan si les impondrán medidas cautelares, seguirán en las celdas judiciales hasta el próximo sábado 26 de junio, cuando será la próxima audiencia, en la que definirán su situación.
Así lo informó la jueza del caso, quien ha tenido a cargo las audiencias desde el martes 15 junio, un día después de las detenciones. En estos días revisará cada caso para así poder tomar decisiones.
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De momento son 30 los investigados, pero a dos de ellos ya les dictaron sus medidas cautelares desde el sábado 19 de junio. Se trata de Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa Also Frutales, y Luis Alberto Ureña Villalobos, funcionario de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). A ellos les resolvieron su situación antes porque sus defensores tenían audiencias programadas con privados de libertad.
Abarca tuvo que entregar el pasaporte, tiene impedimento de salida del país y debe firmar cada semana, además tiene prohibición de hacer gestiones ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y comunicarse con los otros imputados por un plazo de un año. A Ureña no le pusieron ninguna medida cautelar.
La Fiscalía investiga a los 30 por una supuesta malversación de fondos en Conavi, la cual generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y parte del 2020.
Este martes, Mélida Solís, dueña de la constructora H. Solís fue llevada a la clínica porque estaba mal de salud, pero este miércoles ya estaba de regreso en las celdas judiciales.
Rodrigo Araya, uno de los abogados defensores en el sonado caso, dijo que la investigación solo se ha basado en llamadas, pero en ninguno se le dio un seguimiento para confirmar lo que dicen las llamadas de los investigados.