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Seis de los detenidos por el caso Azteca tendrá que descontar seis meses de prisión preventiva como sospechosos de integrar una banda narco que supuestamente lavaba dinero por medio de adjudicaciones de obras públicas del AyA.
El Juzgado Penal de San José confirmó que los sospechosos de apellidos Camelo, Montaño, López, García, Fernández y Guillén serán los que permanecerán presos.
Mientras que contra los empleados públicos de apellidos Ulate, Corrales, Ramírez, Arias, Acuña, Balcázar, Mora, Araya, Cordero, Calvo, Torres, Fonseca, Aguilar, Vindas y Araya, se ordenó la suspensión del cargo por seis meses y firmar una vez al mes. Esa misma medida se la aplicaron al funcionario bancario de apellidos Villalobos.
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Contra las personas de apellidos Segura, Ávila y Espinoza, se ordenaron las medidas cautelares de firmar una vez al mes y no tener contacto con los testigos de la causa.
Contra el detenido de apellido Guillén no se solicitaron medidas.
La audiencia se extendió por ocho días y el Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva para 13 personas, incluidos tres funcionarios del AyA y uno del Banco Nacional.
La Fiscalía informó que este presunto grupo criminal estaba asentado en el Valle Central y en la costa del Pacífico y, en apariencia, estaba dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas. Aparentemente ellos crearon dos sociedades anónimas y con ayuda de los funcionarios del AyA participaban en las licitaciones en las que recibían un “empujón” para ganarlas y los funcionarios recibían distintas dádivas.
Los sospechosos habrían ganado al menos 15 proyectos.
