Las personas que observaron como dos empleadas de una tienda de la cadena SYR, ubicada en San José, recibieron una golpiza a punta de tubazos y no hicieron nada para evitarlo también podrían verse expuestas a una investigación judicial.

Así lo explicó Alfonso Ruiz, abogado penalista, quien señaló que las respectivas autoridades podrían investigar la presunta participación de varias personas, al parecer otros empleados de la tienda, que se reunieron a ver cómo las dos mujeres eran agredidas mientras estaban de rodillas.

“Es un hecho muy grave que compromete la situación jurídica de las personas que se ven en el video, pero además podría comprometer no solo a las personas que golpean, sino a quienes de una u otra manera están participando de la golpiza de manera omisiva, o sea a los que están grabando lo que está ocurriendo y a quien pareciera dirigir el local”, detalló el abogado.

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Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron el 14 de agosto pasado, cuando, al parecer, ambas víctimas fueron acusadas falsamente de robar dinero del negocio.

“En apariencia el propietario de la tienda presumió que las ofendidas estaban sustrayendo dinero de la caja registradora, por lo que aparentemente agredieron a las víctimas, incluso supuestamente a una de ellas le habrían cortado el cabello. Posteriormente, cuando el encargado de la tienda realizó el arqueo del dinero, se percataron de que no hacía falta”, indicó el OIJ.

Dos sospechosos de momento

Aunque en el video se observa que fueron dos mujeres las que agredieron a las víctimas, de momento solo hay una sospechosa por la agresión, se trata de una mujer de apellidos Alvarado Dávila, de 25 años, que fue detenida por el OIJ el pasado 11 de noviembre.

La Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José confirmó que junto a la mujer se investiga a un hombre de apellido Hu, que sería el dueño del comercio, como sospechosos del presunto delito de privación de libertad agravada.

Este martes el Ministerio Público le confirmó a La Teja que solo se dictaron medidas cautelares contra Alvarado, quien durante un plazo de cinco meses tendrá que firmar cada 15 días mientras avanza la investigación.

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Además, se le impusieron las medidas de no intimidar, molestar, agredir, acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos por ningún medio o persona, por el plazo de cinco meses.

Las autoridades no descartan que en los próximos días se puedan realizar nuevas diligencias o detenciones con relación a este caso.

Pena carcelaria

Por estos hechos tanto Alvarado como Hu se exponen a recibir una fuerte condena carcelaria, según lo establece el Código Penal.

“Dice el artículo 191 del Código Penal que la privación de libertad se da cuando quien sin ánimo de lucro privare a otro de su libertad personal pero en este caso existe una forma agravada, que está en el artículo 192 y establece una pena de prisión de cuatro a diez años cuando se prive a otro de su libertad personal si mediar alguna circunstancia como coacción, engaño o violencia, y en este caso evidentemente se da esa circunstancia”, explicó el abogado.

Según Ruiz, no solo los investigados se exponen a un fuerte castigo, sino que la tienda como ente jurídico también podría ser demandada para que entregue una indemnización a las víctimas.

“La tienda, como ente jurídico, podría ser eventualmente responsable civil de los daños que pudieran ser ocasionados a estas personas desde el punto de vista físico, material y moral, que no me cabe la menor duda que sufrieron estas mujeres”.

Intervienen tiendas

Tras darse a conocer el video de la agresión contra las empleadas, este martes funcionarios del Ministerio de Trabajo intervinieron las tiendas de la cadena SYR, ubicadas en San José.

Así lo confirmó a La Teja Walter Villalobos, viceministro de Trabajo, quien explicó que el ministerio actuó de oficio, pues hasta este martes no habían recibido ninguna denuncia por parte de las víctimas.

“Nosotros nos enteramos hasta este lunes en la noche, no teníamos ningún tipo de denuncia o señal de que cosas de ese tipo se estuvieran dando. Lo reprochable de ver eso motivó a que desde la mañana de este martes se generara una instrucción directa para que los funcionarios de la Inspección de Trabajo procedieran de inmediato a atender las tiendas de esta cadena en la provincia de San José”, explicó.

Según el viceministro, los funcionarios no solo se enfocaron en investigar la agresión a las empleadas, también procedieron a realizar una valoración extensiva de todas las condiciones laborales, de aseguramiento y de salud ocupacional de los trabajadores de esas tiendas.

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Villalobos señaló que desde la Dirección de Inspección de Trabajo realizarán una revisión sobre el caso en específico y cualquier otra condición que pueda estar afectando a los empleados de esta tienda, pues la ley establece que existe una prohibición para el patrono de generar actos en contra de la persona trabajadora.

“Si la inspección determina ese tipo de infracción tendrá la obligación de dar un traslado a la vía judicial y será un juez quien eventualmente interponga una multa, que podría llegar hasta 23 salarios (más de ¢10 millones)”.

El viceministro también dijo que ante la indignación que ha causado este caso es que el Ministerio de Trabajo se comprometió a concluir con el proceso de investigación lo antes posible.

“La instrucción fue que no dilatemos, que esto sea con la premura necesaria, entendiendo que el tema es bastante fuerte para toda la sociedad y mal haríamos si no procedemos con inmediatez, por lo que yo esperaría que no pasemos de este mes de noviembre si es que tenemos que elevar a vía judicial lo correspondiente por parte del Ministerio de Trabajo”.