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Reynaldo Vargas Soto, auditor interno del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), denunció desde el 2011 supuestos actos irregulares que habrían sido cometidos por varios de los funcionarios que ahora son investigados en el caso “Cochinilla”, pero ninguno de estos terminó en despido.
“La mayoría de personas que dice la prensa ya han estado en los informes por situaciones de contratación, manejo de contrataciones o situaciones administrativas”, señaló el auditor.
Las declaraciones las dio durante la comparecencia que tuvo este jueves antes los diputados de la comisión especial que investiga presuntos hechos de corrupción en adjudicaciones de obras viales.
El auditor explicó que los informes fueron presentados ante el Consejo de Administración del Conavi y ante la Contraloría General de la República, pero aseguró que no sabe en qué terminaron la mayoría.
Uno de los hechos denunciados ocurrió en el 2011 cuando detectaron irregularidades en un pago de casi ¢1.000 millones, hecho en período de vacaciones de fin de año, a la empresa H. Solís por un cemento que todavía no se había utilizado.
“Se trató de un adelanto de cemento, lo cual no es usual y no debería de ser. En el caso de contratación vial usted paga sobre lo que se puso en la carretera, no sobre algo que esta en bodegas o en aduanas”, explicó.
Por este motivo entre el 2012 y 2013 presentaron dos informes a la Contraloría General de la República (CGR), en los que destacaba el nombre Carlos Solís, exgerente de Finanzas del Conavi, que habría sido quien aprobó ese pago millonario.
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En el 2015 la CGR presentó una denuncia penal por este caso y en los próximos meses se realizará una audiencia para determinar si el caso va a juicio. La denuncia también es contra Mélida Solís, dueña de H. Solís.
Vargas también se refirió a unas supuestas situaciones irregulares que ocurrieron con Johnny Barth, exgerente de Contratación de Vías y Puentes, quien también es mencionado en el expediente Cochinilla.
“En el 2013 se presentó una relación de hechos por aparentes inconsistencias en el estudio de ofertas por parte de algunos funcionarios, y eso marcó el inicio de otros estudios que conllevaron otras dos relaciones de hechos sobre un funcionario específico (Barth) y esa solicitud se llevo hasta el Servicio Civil, donde terminó en despido sin responsabilidad patronal.
“Pero cuando (el caso) llegó al Tribunal Contencioso Administrativo él fue reinstaurado y por eso le dio tiempo para pensionarse (2019)”, dijo Vargas.
El auditor aseguró que recibió varias amenazas por parte de Barth, pero no quiso entrar en detalles.
Vargas agregó que también detectaron anomalías en pagos de facturas que no se registraban, falta de supervisión de obras y desvío de fondos. Además, dijo que ha tenido trabas y obstrucciones en su labor, especialmente por parte de la Gerencia de Conservación vial.
