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La mayoría de llamadas estafadoras que se hacen desde las cárceles salen del ámbito de Mediana cerrada del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero (La Reforma).
Así lo revelaron las autoridades al insistir sobre la urgencia de bloquear la señal celular en todos los centros penales del país.
El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, confirmó que dicho ámbito es el que mayor problema les da.
La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, y el viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, junto a representantes de las operadoras y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), visitaron este viernes el ámbito de Mediana cerrada y Máxima seguridad de la Reforma para empezar a ver los detalles para que las empresas telefónicas hagan lo necesario para impedir que la señal de los celus funcione dentro de las prisiones.
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"Vinimos a este centro penal para que el personal técnico de Justicia y MICITT (Telecomunicaciones) tengan claridad y se familiaricen con las condiciones y la infraestructura penitenciaria, para que se lleven una noción más clara del trabajo que deberán desarrollar en conjunto con las operadoras y proveedores”, dijo González.
La Policía Penitenciaria hace operativos constantes y por eso en lo que va de este año han decomisado 1.191 aparatos entre todos los centros penales, el año pasado fueron 2.946.
Los celulares entran al tabo en ollas de sopa, tazas de arroz con carne o hasta en paquetes de sopa y chucherías que son cerradas cuidadosamente. Sin embargo, ahora La Reforma cuenta hasta con un escáner para frenar eso.
El proyecto de ley para evitar estafas telefónicas desde los centros penales fue aprobado en agosto del 2018, por eso se formó una comisión integrada por los Ministerios de Justicia y Paz; Seguridad Pública; Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, para preparar el reglamento que estará listo a inicios de julio.
En esa comisión también bretean representantes de las operadoras telefónicas y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
La nueva legislación señala que, una vez publicado su reglamento, las empresas tienen nueve meses para aplicar los bloqueos.
Por lo tanto, las operadoras telefónicas tendrán hasta abril del 2020 para bloquear la señal de celulares en las 20 cárceles del país.
“Se van a evaluar los diferentes espacios dentro de los centros penitenciarios, para que le pasemos esta información a las operadoras y ellos puedan conseguir las mejores soluciones, que nosotros vamos a fiscalizar”, explicó González.
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Sin embargo, todavía falta que las operadoras resuelvan cómo van a evitar que las personas que viven en los alrededores de los centros penales salgan rascando.
Los presos estaban muy sorprendidos este viernes por la cantidad de policías y funcionarios presentes en la inspección.
“Eso de los bloqueos es puro papel, lo van a implementar un tiempo y después lo terminan quitando porque la verdad la gente de plata que vive por aquí va a brincar cuando vean que el celular no les funciona. Incluso, los mismos funcionarios tampoco van a poder hacer llamadas”, dijo uno de los privados de Mediana cerrada.
