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La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanó la mañana de este jueves la municipalidad de Paraíso por un caso en el que se investiga un supuesto manejo irregular de fondos públicos relacionado con denuncias laborales.
El Ministerio Público indicó que en el operativo también se allanaron dos oficinas privadas en esa misma localidad, como parte de la investigación que se lleva por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y facilitación culposa de sustracciones.
La Fiscalía también ordenó detener a un hombre de apellidos Rodríguez Bonilla, asesor legal municipal, a quien se le tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se valorará la respectiva solicitud de medidas cautelares.
“Dentro de la causa figura como investigado el alcalde Ramírez Sánchez, por su función como administrador general y jefe de la Municipalidad, el cual, señaló la Fiscalía, debe velar por el cumplimiento de la Ley; también se investiga a dos abogados privados apellidados Quirós Brenes y Rodríguez Alvarado”, detalló el Ministerio Público.
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Las autoridades informaron que los hechos investigados se habrían dado entre el 2020 y el 2021, cuando un grupo funcionarios y exfuncionarios de dicha municipalidad presentaron demandas laborales ante el Juzgado de Trabajo, en contra del ayuntamiento, por supuestos cobros de derechos laborales, que, al parecer, les habían sido violentados.
Al parecer, el municipio recibió 18 notificaciones judiciales, las cuales fueron remitidas a Rodríguez Bonilla, por lo que debía proceder a contestar dichos documentos.
“De acuerdo con la prueba recabada hasta ahora, se sospecha que esa última persona y los investigados Rodríguez Alvarado y Quirós Brenes idearon un plan, para que el asesor no realizara las contestaciones en el tiempo establecido”
Por esa razón, se presume que la Administración Municipal no logró defenderse de las demandas. En ese sentido, se dictó una sentencia causando a la municipalidad un perjuicio económico de ₡176.228.884, pagado en cumplimiento a la sentencia judicial.
