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Los seis alcaldes involucrados en el caso Diamante, que investiga supuestos hechos de corrupción en obras viales cantonales, regresarán a sus trabajos tras haber estado seis meses suspendidos de sus cargos.
Esto porque la tarde de este lunes 23 de mayo, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, ordenó levantar esa medida cautelar (la suspensión de sus cargos), la cual estaban cumpliendo desde el 19 de noviembre del año pasado.
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Los alcaldes investigados por este caso y que pueden regresar de inmediato a sus alcaldías son: Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Alfredo Córdoba Soto (San Carlos), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Arnoldo Barahona Cortés (Escazú) y Alberto Cole De León (Osa).
Eso sí, el juez a cargo de la audiencia aclaró que los seis seguirán teniendo impedimento de salida del país durante el proceso de investigación.
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“Estoy muy agradecido con Dios, le he pedido mucho a Dios que tuviéramos esta resolución que hace justicia. Hemos pasado momentos muy difíciles, muy adversos en mi familia y yo mismo. Hoy me satisface encontrar la resolución de un juez que objetivamente ha recogido lo que fue la discusión durante cuatro días de la audiencia y en en la que él de manera clara y contundente ha dicho que no encuentra que exista peligro de obstrucción”, dijo Johnny Araya a la salida del tribunal.
El alcalde josefino dijo que a partir de este mismo lunes fue habilitado para ejercer una vez más su cargo, por lo que esta deseoso de volver a la municipalidad lo antes posible.
“Desde que se impusieron las primeras medidas cautelares yo señalé que era un castigo anticipado, porque de alguna manera hay un juicio público y se ignora el principio de inocencia”, dijo Johnny Araya, alcalde de San José.
“Tengo la oportunidad, gracias a Dios y a esta resolución, de retornar a la municipalidad. Aprovecho que me están escuchando, hay mucha gente que solidariamente ha estado en cadenas de oración, me ha estado mandando mensajes y no tengo oportunidad de responderlos todos, pero quiero darles muchas gracias por tanta solidaridad y cariño que me han dado durante este proceso”, añadió.
En cuanto al funcionario de la empresa Meco apellidado Gutiérrez Vargas, a este se le cambio la medida de arresto domiciliario por mantener un domicilio fijo, firmar una vez al mes e impedimento de salida del país.
Para un empresario apellido Cruz Porras solo se mantiene el impedimento de irse del país.
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Los investigados fueron detenidos el 15 de noviembre del año pasado, como sospechosos de participar en una supuesta red de sobornos para beneficiar a empresas constructoras con obras viales municipales.
