EscucharPese a que Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), metió un acción de inconstitucionalidad para suspender un juicio que tiene programado durante esta semana en el Tribunal Penal de San José, la jugada no le salió.
Según el líder sindicalista, a él le están violentando sus derechos humanos, pero la jueza Lorena Blanco Jiménez rechazó la solicitud de suspender el juicio y le dio apertura a la 1:30 p.m., de este lunes 6 de diciembre.
Además, en la oficina de prensa de la Sala Constitucional dijeron que la acción se mantiene en estudio de admisibilidad.
El fiscal Óscar Quirós, representante del Ministerio Público acusó a Vargas Barrantes por un presunto delito de instigación pública (que castiga de 6 meses a 4 años en la cárcel), ya que detalló que en el 2019, Vargas hizo un llamado para bloquear las vías nacionales por medio de un encuentro Multisectorial que se dio en la Conferencia Episcopal.
“Hay que proponer un gran paro nacional, pero de verdad, no de pasarela, cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo hasta obligar a que se sienten en la mesa los que nos ningunean”, señaló el sindicalista en ese momento.
A Quirós se le unió la Procuraduría General de la República (PGR), representada por Margot Avellán, quien explicó que el daño social es de ¢1 millón.
Los actos de Vargas fueron denunciados por la abogada Gloria Navas, quien forma parte del Movimiento ciudadano CR, ella es testigo en el juicio y la representa el abogado Moisés Morales.
Navas afirma no estar en contra de los sindicatos, sino de los abusos de poder que se dan bajo este nombre.
Albino Vargas rechazó los cargos, sostuvo que su lucha en las calles es para frenar el crecimiento de la desigualdad, catalogó el juicio como político y señaló que el presidente de la República, Carlos Alvarado, se ha unido en su contra junto con el Ministerio Público, la Procuraduría y Movimiento Ciudadano CR, que según él lo tachan como “un vulgar terrorista”.
