EscucharUn hombre de apellidos Vargas Jenkins aprovechó su función como administrador de un hogar de ancianos para adueñarse de ¢200 millones, este dinero provenía de convenios firmados con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y la Junta de Protección Social.
Por estos hechos recibió una condena de 161 años de prisión al ser hallado responsable de cometer 23 delitos de peculado; no obstante, solo descontará 21 años.
El rebajo de la pena se debe porque las reglas del concurso material establece que cuando una persona comete más de un delito, en diferentes momentos, se da lo que se conoce como un concurso material, se sanciona sumando las penas que corresponde a cada delito, sin que esta suma pueda superar el triple de la pena mayor impuesta; y por el delito de peculado establece el Código Penal una sentencia de 3 a 12 años.
A Vargas lo investigó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y este caso lo llevaron en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Los delitos fueron contra el Hogar de Ancianos de Guatuso y estos fueron cometidos entre mayo del 2014 y enero del 2016.
“La evidencia recabada por la FAPTA estableció que el imputado se adueñó de fondos públicos mediante la emisión de cheques a su nombre y a nombre de terceras personas, a las cuales engañaba para que retiraran el dinero y luego se lo entregaran. Asimismo, la Fiscalía demostró que el hombre pagó con ese dinero obligaciones personales.
“De esa manera, durante la etapa de juicio, el Ministerio Público acreditó que Vargas sustrajo de la institución al menos ¢200.000.000 (doscientos millones de colones)”, señaló la Fiscalía.
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En esta causa se aplicó la figura legal del funcionario público equiparado, mediante la cual se puede juzgar a personas que, sin ser funcionarias del Estado, administran fondos públicos en entidades como de Juntas de Educación, Asociaciones de Desarrollo, Acueductos Rurales, entre otras; esto, a criterio del fiscal a cargo del juicio, Ronald Segura Mena, sienta un precedente y es una llamada de atención para el correcto manejo de dineros públicos.
Mientras el fallo queda en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.
