Los jueces del Tribunal Penal de Goicoechea absolvieron por unanimidad y con aplicación del principio In dubio pro reo (por duda) al alcalde de San José Johnny Araya, a la exfiscal Berenice Smith y al exmagistrado Celso Gamboa, quienes estaban acusados por el delito de tráfico de influencias.
El por tanto lo dieron a conocer este miércoles 24 de marzo, pasadas las 2:30 p.m. Este debate inició el jueves 25 de febrero.
Según la acusación de la Fiscalía, los tres se habrían puesto de acuerdo para eliminar el nombre de Araya de una causa penal.
Los jueces, además, declararon sin lugar la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República, que solicitaba que los imputados le pagaran al Estado una indemnización de ¢42 millones por el daño social causado (Gamboa y Smith ¢15 millones cada uno, y el alcalde ¢12 millones).
“Finalmente se hizo justicia y se esclarece la verdad real de los hechos sobre un caso en el que sin ningún fundamento fui involucrado. Un Tribunal de Juicio me ha absuelto de una acusación que por más de tres años me mantuvo en un prolongado y extenuante proceso judicial y en medio de un escándalo mediático que lesionó mi honor como ciudadano y como funcionario público, así como el de mi familia”, escribió Araya en sus redes sociales.
La Fiscalía había señalado que los hechos que dieron pie a este juicio ocurrieron antes de las elecciones municipales del 2016.
En la acusación se decía que Araya recibió ayuda de Gamboa y de Smith para borrar su nombre de una causa penal en la que aparecía como imputado por un supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública.
Según el Ministerio Público, Araya había obtenido una ventaja indebida al momento de las elecciones municipales porque se presentó como un candidato que no tenía ninguna causa penal abierta.
Los jueces, además, le ordenaron a la Fiscalía que investigue el presunto delito de falso testimonio de parte de la fiscal Natalia Rojas Méndez.
La jueza Ivania Delgado explicó que luego de valorar la prueba, concluyeron que la fiscal Natalia Rojas habría tomado desiciones propias al eliminar el nombre de Johnny Araya del sistema informático.