Después de un período de vacas gordas, hoy el exmagistrado Celso Gamboa vive una temporada de vacas flacas. La plaga más reciente le cayó este miércoles cuando los agentes del OIJ y la Fiscalía interrumpieron su privacidad y le allanaron la casa en La Unión de Cartago.
Luego de estar en uno de los puestos más importantes del país, el ser magistrado y contar con inmunidad; ahora deberá defenderse como cualquier otro mortal ante el Ministerio Público.
La causa más reciente por la que se le investiga y la que dio pie para el operativo de este miércoles a las 6 a. m. en el barrio Omega, fue por la presunta tentativa de tráfico de influencias de parte de Gamboa al, supuestamente, pedirle a varios diputados que se ausentaran de la votación en la que sería destituido como magistrado. Los mensajes fueron enviados el 10 de abril anterior, el mismo día que quedó sin brete.
Esta causa se le suma a una serie de investigación que Celso tiene abiertas en el Ministerio Público e Inspección Judicial.
Los diputados a los que Gamboa les pidió que se ausentaran de la sesión en la Asamblea Legislativa fueron Marcela Guerrero y Marco Redondo, ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC). Gamboa lo que les pedía eran que no lo quitaran como magistrado, pues tenía una oferta de trabajo con la firma Google.
“La diligencia obedece a una causa penal abierta la semana anterior por presunto tráfico de influencias, por aparentemente solicitar a diputados y diputadas que se ausentaran de la votación en la que se le podía destituir del puesto”, recalcó la Fiscalía mediante un comunicado.
El exmagistrado les dijo a los legisladores que le estaban ofreciendo un puesto de Gerente de Seguridad de Centroamérica y para este proyecto iba a renunciar el 30 de abril y pensaba irse a vivir a México en mayo junto a su familia, sin embargo Google desmintió la versión.
LEA MÁS: Google desmiente a Celso Gamboa
Los investigadores estuvieron unas cuatro horas y media en la casa de Celso. Salieron con unas bolsas en las que llevaban lo decomisado. A las 11:45 a. m. Celso salió de su casa, en compañía de su hermana que también es su abogada, y dijo a los medios de comunicación que sigue dando la cara.
"Doy la cara como siempre la hemos dado, estamos a la orden del Ministerio Público para cualquier indagación", expresó.
El exfuncionario no reveló qué fue lo que le decomisaron y dijo que son cosas propias de la investigación y no las iba a revelar. "Estoy esperando que se llegué a la verdad de los hechos, no hay nada oculto", concluyó Gamboa al confirmar que si había mandado los mensajes.
Dijo que está trabajando para una empresa privada.
En octubre comenzó pesada carga
Gamboa fue fiscal en varios lugares, entre estos Limón donde prometió sorprender a varios hombres sospechosos de narcotráfico.
En el 2011 fue llamado para desempeñarse como viceministro de Seguridad en la administración de Laura Chinchilla y en el 2013 lo nombraron jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Con el cambio de gobierno, Luis Guillermo Solís lo designó ministro de Seguridad, pero en el 2015 , Gamboa dejó el gobierno para ser la mano derecha del entonces fiscal general Jorge Chavarría.
Después, vendría su designación como magistrado, con la que alcanzaba la cúspide de su carrera profesional, a sus 39 años.
Sin embargo, y de acuerdo con la Fiscalía general de la República, desde octubre anterior y a la fecha se le han abierto 12 expedientes: tiene cuatro por tráfico de influencias, dos por prevaricato, uno por abuso de autoridad, otros tres por incumplimiento de deberes, uno por falsedad en la declaración jurada, y el último perjurio.
Mientras que en Inspección judicial las denuncias son por desestimar un expediente, un viaje a México, por presuntamente haber borrado el nombre del alcalde de San José, Johnny Araya, en un expediente; desetimar un expediente de diputados y finalmente por el presunto interés en un expediente judicial.
A Gamboa también se le vincula en el caso del cementazo y al empresario Juan Carlos Bolaños, quien descuenta prisión preventiva por este sonado caso.