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“Vuelve el jaguar arrepentido, son su mirada tan tierna, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas”.
Quizás muchos leerán el texto anterior y recordarán la poesía de “El Chavo del 8”, cuando en las fiestas de la vecindad hablaba del perro arrepentido, pero en este caso, les hablamos del jaguar, porque el gobierno de Rodrigo Chaves insistirá, de nuevo, con la aprobación de su proyecto estrella.
Este miércoles, durante la conferencia de prensa semanal, el mandatario y su gabinete presentaron la tercera versión de la ley jaguar. Recordemos que el 1º de octubre pasado, los magistrados de la Sala IV declararon inconstitucional la segunda versión de la famosa propuesta de la administración Chaves Robles.
Fue Laura Fernández, ministra de la Presidencia, quien lanzó con bombos y platillos la nueva propuesta.
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“Cada minuto invertido en la ley jaguar y todos los pulsos que nos hemos echado, sobre todo contra la Contraloría General de la República (CGR), han valido la pena, porque Costa Rica nos importa demasiado. La Sala IV reconoció que es perfectamente posible ubicar en su sana dimensión a la CGR, nos dio la razón, dijo que no puede seguir siendo un cogobierno, no puede seguir sustituyendo las funciones de las instituciones.
“No hay impedimento alguno para que se pueda avanzar en un referéndum ciudadano, en la reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la CGR. El día de hoy se le entregó una carta a don Rodrigo Arias y a Rosalía Brown (presidente y vicepresidenta del Congreso), se ha presentado una solicitud formal, en esa solicitud se está pidiendo que la Asamblea acelere el trámite de la ley jaguar, que asigne comisión, que no hay espacio para nuevas consultas, para más tácticas que quieran atrasar el proceso”, expresó.
Sin sentido
El politólogo Francisco Barahona analizó esta nueva propuesta del Ejecutivo y, para él, el jaguar 3 no tiene pies ni cabeza.
“El jaguar 3 ya no tiene sentido, pero como ellos no pueden aceptar la derrota en la Sala IV siguen eliminando todo lo que la Sala declara inconstitucional, para llevar a cabo el referéndum.
“Siguen metidos en preguntarle a la gente si reducen el ámbito de acción de la Contraloría, sin que eso sea necesario, eso se puede corregir en un proyecto de ley de la Asamblea si se obtiene los votos necesarios, pero convocar a un referéndum para satisfacer al presidente y a Laura Fernández, no tiene sentido”, afirmó.
Para el experto, no es prudente invertir 3 mil millones de colones en una iniciativa que ni siquiera se sabe si la gente va a apoyar.
“El presidente y la ministra de la Presidencia, que quieren mostrarla como haciendo campaña, son hábiles en lo que van a plantear, para Chaves ya no tiene importancia ni la marina de Limón ni Ciudad Gobierno, ahora lo que hace es insistir con la CGR.
“La Contraloría lo que hace es aplicar la ley, cuidar el dinero del pueblo y esa frase que dijo el presidente, que Marta Acosta era una farahona metida en un edificio que es como una pirámide invertida, es un irrespeto absoluto”, destacó.
Esposo de Pilar
Este miércoles por la mañana, la diputada oficialista Pilar Cisneros y su esposo, el periodista Edgar Espinoza, acudieron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para presentar una nueva convocatoria de referéndum, con las reforma de la Contraloría.
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“El TSE tiene el camino libre para aprobar que vayamos a referéndum, para convocar que se recojan firmas si la Asamblea Legislativa sigue pateando la bola, que el pueblo no pueda decidir sobre los asuntos de interés público”, añadió.
Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, informó que Espinoza pidió que se dejara sin efecto la solicitud de hacer un referéndum con la ley jaguar 2.0 y, además, presentó un nuevo proyecto para intentar que este llegue a consulta popular.
El nuevo expediente se llama “Ley jaguar para fortalecer la gestión pública y su fiscalización” y, según explicó Cambronero, ahora deberá empezar de nuevo el proceso de referéndum en el TSE.
Intentos fallidos
Recordemos que el presidente presentó la primera versión de la ley jaguar el 5 de junio, cuando acudió a la Asamblea Legislativa a entregar la propuesta a la Secretaría del Directorio del primer poder de la República.
Este primer proyecto, que se tramitó bajo el expediente 24.364, fue declarado inconstitucional el 29 de junio anterior.
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Un día después, en conferencia de prensa, Chaves presentó un nuevo documento, el cual fue enviado a la Asamblea Legislativa.
Esta iniciativa, llamada popularmente “ley jaguar 2.0″, tomó como base el primer proyecto para su elaboración. La propuesta, que se analizó bajo el expediente 24.467, eliminó por completo las modificaciones propuestas a los artículos 11, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 7428), que reducían las competencias de supervisión del ente contralor, y modifica la propuesta de reforma al artículo 12 de dicha ley para incluir que la Contraloría no puede “sustituir o abarcar” asuntos de la administración pública activa.
