La Ley contra la usura, que entró a regir el pasado 20 de junio, le puso límite a la cantidad de deudas que puede tener una persona, para que estas no se queden con ¢10 mil o menos en la bolsa cuando les llegue el salario.

Es por esto que estableció un artículo que dice: “no podrán hacerse deducciones del salario del trabajador que afecte el salario mínimo intangible e inembargable, exceptuando que sea por pensión alimenticia”.

Actualmente ese salario mínimo es de ¢199.760, por lo que si a usted no le sobra esa cantidad de su salario después de pagar sus deudas, ya no podrá sacar más préstamos.

Incluso, instituciones financieras como Caja de Ande, por ejemplo, ya anunciaron que no prestarán más a personas cuyo salario líquido sea menor a ¢200 mil.

Los bancos también anunciaron que cerrarán tarjetas a todos los clientes que no les resulten rentables con las nuevas tasas de interés que entraron a regir con esta ley.

Los especialistas estiman que con estas medidas unas 725 mil personas se quedarán sin tarjetas de crédito y sin opción de sacar más préstamos.

Metidos en un zapato

Debido a lo anterior, la capacidad para sacar préstamos se reduce para miles de personas.

El economista Daniel Suchar explica que lo que pretende es que la gente tenga la plata suficiente para mantener sus gastos básicos.

–¿Cómo se define el salario líquido?

Al salario bruto, el completo que usted recibe, debe rebajarle todas las cargas sociales, la Caja, el impuesto sobre la renta si aplica, la cuota de la asociación y los ahorros programados. Después de esto queda el salario neto, que es el que le queda en su bolsillo y a ese tiene que rebajarle sus deudas, como el pago de la refri, la tarjeta, el carro, etc.

Lo que le queda de todo eso es el salario líquido.

–Según estimaciones, más de 700 mil personas se quedan en zona roja y ya no pueden acceder a bancos ni financieras para sacar más prestamos, ¿qué opciones tienen?

Van a tener que buscar el dinero en la parte informal, por lo que se irán a la informalidad, a los préstamos gota a gota y al hombre que cobra de forma agresiva. Esto es lo malo que tiene esta ley. La informalidad se maneja en efectivo, no tiene documentos y no le paga nada a Hacienda.

–¿La ley quería educar a la fuerza a la gente a no endeudarse más de lo que puede?

Es correcto. La ley también tiene cosas buenas, anunciarle a la gente que para tener nuevamente tarjeta debe tener mejor educación financiera. El endeudamiento de una persona debe ser del 30% de su salario máximo, pero en Costa Rica ronda el 62%.

Sin embargo hay que tomar en cuenta que los bancos están tomando decisiones de cerrar tarjetas antes de que comiencen a salir tablas con los costos en los próximos tres o cuatro meses.

Los cobros judiciales duran un montón de años en definirse y el cobrador que llega primero es el que se lleva la mejor tajada. Además, el valor del dinero no es el mismo cuatro años después, por ejemplo. A eso hay que sumarle abogados y personal de las cobranzas, por eso los bancos están tomando acciones.

Menos intereses

La nueva ley contra la usura establece topes a los intereses que pueden cobrar los bancos y las financieras con respecto a las tarjetas de crédito.

Este viernes 3 de julio, el Banco Central anunció que las tasas máximas serán 37,69% en colones, y 30,36% en dólares.

Los bancos que ya habían dicho que estaban en contra de la ley, ya empezaron a anunciar ajustes.

BAC Credomatic informó que quitarán 187.526 tarjetas de crédito a 79.789 clientes, ya que esas operaciones no son rentables para ellos.

Junto a eso también dio a conocer que despidió a 373 colaboradores y que cerró 11 puntos de servicio.

La gente se preguntará, ¿pero estas tasas rigen para las tarjetas actuales o solo para las nuevas?

Federico Odio, gerente de BAC Credomatic, indicó que aunque hay varias interpretaciones de la vigencia de las nuevas tasas, ellos optaron por la más conservadora, es decir, aplicarla a todas, ya que el incumplimiento tiene fuertes consecuencias.

Otros bancos han anunciado que están a la espera de más claridad una vez que se publique el reglamento de la nueva ley para tomar decisiones.

El Banco Promerica le confirmó a La Nación que evalúan aproximadamente a 30.000 clientes, ya que por sus características no se ajustan en términos de riesgo y precio a las nuevas condiciones que establece la ley de tope a las tasas de interés.

Credix anunció que trabajan en ajustes en sus sistemas e Instacredit anunció que modificará su oferta crediticia para ajustarla a los nuevos topes.

Según Suchar, las personas que quedarán sin tarjeta serán las que no son rentables ni siquiera para cobrarles, porque deben poco y el esfuerzo de cobro es grande. También las tarjetas con montos pequeños que no se están usando y a quienes ya se les está acabando el contrato y no se los van a renovar. En la lista también están los mala paga.