A partir de hoy, vecinos del cantón de San Rafael de Heredia y algunos de San Isidro, que reciben sus servicios de agua y luz de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) podrían quedarse sin ellos debido a una disputa entre la municipalidad y la empresa, según la amenaza desproporcionada hecha por el alcalde rafaeleñao Verny Valerio.

La bronca es que la muni de Sanrafa le está cobrando ¢817 millones a la ESPH por 20 años de supuesta evasión de impuestos y advierte que si no los pagan cerrará todas las propiedades que tenga en el cantón, tienen chance este jueves.

Como siempre en este tipo de broncas, el más perjudicado terminaría siendo el usuario, porque entre las propiedades que se verían afectadas están las plantas potabilizadoras de Tirol y Breña Mora (San Rafael y San Isidro), el Tanque Chamaco, el almacén (donde están los implementos para atención de averías) y 25 instalaciones más.

De ser cerradas, los empleados encargados de supervizar que los sistemas trabajen bien y garantizar que el agua está siendo potabilizada bien, no podrían entrar a velar que sea así y si hay alguna falla tampoco podrían entrar a repararla, lo que podría dejar sin servicio a los 75,471 abonados de agua que tiene la empresa en varios cantones de Heredia.

Además de los 92.010 de electricidad, que en caso de que haya un choque que se lleve el tendido eléctrico, los postes para cambiarlos y los cables se encuentran en el almacén que sería cerrado por la muni.

Además existe el peligro de que la ESPH pague la deuda, pero después la millonada se vea reflejada en el recibo de los usuarios por medio de un aumento.

La Teja habló con Mario Rodríguez, secretario general de la Central General de Trabajadores Públicos y Privados (CGT) quien explicó que el servicio de agua potable es intocable.

“Si a una persona le cortan el agua y obviamente la necesita, puede recurrir a la Sala Constitucional e interponer un recurso para que la empresa encargada de brindarle el servicio le coloque una paja provisional a menos de cien metros de su casa para que pueda tener acceso”, dijo Rodríguez.

El representante sindical, quien ademas trabaja en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), dijo que la ESPH es una institución que brinda el servicio público de agua potable, entonces la muni no puede cerrar el servicio.

“El agua potable es un servicio vital y a pesar de la deuda con la municipalidad por impuesto, no puede cerrarle el servicio a una comunidad. Es lo mismo que hace el AyA con las asadas, estas no le pagan una cuota a la institución o no le rinden un informe, el AyA no puede quitarle el servicio, tiene que solventar el problema administrativo sin tocar el preciado líquido”, sentenció Rodríguez.

No aplica el mismo derecho intocable para la electricidad, por lo que los vecinos se podrían quedar sin corriente este jueves.

Preocupados

Melvin Molina es vecino de San Rafael de Heredia y él y su esposa trabajan desde su casa y están muy preocupados por lo que pueda pasar a partir de este jueves.

“En cualquiera de los casos, sin importar quién tenga la razón, ninguna institución debería tomar acciones que puedan poner en riesgo el acceso a servicios públicos elementales. Es una medida de presión inadecuada porque pone en juego los interesese de la comunidad que lo eligió como alcalde”, explicó Molina.

Si les cortan la electricidad don Melvin tendría que correr para poder trabajar.

“Nos obliga a salir de casa a buscar una cafetería o alquilar un espacio de trabajo temporal, perder tiempo en el traslado porque además no se sabía desde antes. Obliga a hacer un gasto no planificado, sea para consumir en la cafetería o pagar el espacio por un servicio que además ya está pagando uno en la casa”, aseguró Molina molesto y preocupado.

Además también le preocupa un aumento en las tarifas para pagar la deuda, más en época de pandemia.

“Eso sería un fuerte golpe al bolsillo de los usuarios y hay hogares que con ¢2.000 que les aumente los puede desfinanciar en el presupuesto familiar”, contó Melvin.

Otro vecino es Luis Fernando Flores quien ve con preocupación quedarse sin agua en tiempos de pandemia.

“Tras de que las tarifas están altas, que nos las vayan a aumentar a corto o mediano plazo también nos para el pelo tomando en cuenta que hay mucha gente con los contratos suspendidos. Es el peor momento para que se dé esta disputa”, dijo Flores.

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Buscar acuerdo

Eric Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica asegura que no debería darse la afectación al servicio al usuario.

“Indistintamente de la naturaleza jurídica de la entidad que brinda el servicio público, que incluso en el caso del agua ha sido declarado derecho humano y es básico, cualquier cosa que atente contra la continuidad del servicio es algo que los usuarios podrían cuestionar ante la Sala e incluso, solicitar responsabilidades civiles y hasta penales dependiendo de lo que pase”, explicó Ulate.

Por ejemplo, si una persona por falta del servicio de luz o de agua sufra algún daño a su salud, podría ir a los tribunales a sentar responsabilidades.

“No importa por qué es el pleito entre ambas partes, la obligación de los dos es buscar un acuerdo que garantice que se le siga dando el servicio a los usuarios, si luego de determina que la ESPH debe pagar ese monto, pues sí podrían trasladar el costo al usuario a través de las tarifas”, continuó el defensor de los consumidores.

La ESPH se defiende diciendo que son una empresa privada que brinda servicios públicos, entonces no tienen que pagar esos impuestos.

“El suministro de agua y luz han sido declarados hasta la saciedad como servicios sin fines de lucro por la entidad encargada de establecer las tarifas correspondientes, que son por ley al costo, tal como lo aprueba la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”, indicó Allan Benavides, gerente general de la ESPH.