Dos diputados propusieron un proyecto de ley que pretende endurecer las penas para los mañosos que se aprovechan de las necesidades económicas y la desesperación de la gente y les prestan plata para luego extorsionarlas.
El anuncio se dio este lunes 20 de febrero en la Asamblea Legislativa y los legisladores que hicieron la propuesta fueron Gilbert Jiménez, de Liberación Nacional, y Gloria Navas, de Nueva República.
Los préstamos gota a gota son los que, de manera informal, se le otorgan a personas que en la mayoría de casos no son aptas para recibir créditos en bancos debido a su poca capacidad de pago o alto endeudamiento, pero que están urgidas de recibir dinero para hacer frente a sus necesidades.
Los prestamistas informales les dan la plata casi de forma inmediata a los solicitantes, sin pedir ningún tipo de requisito más que entregar su nombre, número de teléfono y dirección para ir a recoger los pagos que pueden ser diarios, semanales o quincenales.
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El problema de estos préstamos es que si el beneficiario llega a retrasarse con una cuota, quienes prestaron la plata mandan gente a extorsionar, amenazar y hasta agredir a los deudores, incluso se conocen casos en los que han asesinado personas porque no pagaron su deuda.
No son exclusivas del país
Marcela Ortiz, trabajadora del Colegio de Abogados y quien ayudó en la elaboración del proyecto, dijo que estos préstamos no son exclusivo de Costa Rica, la problemática se da en toda América Latina.
A continuación se detalla lo que dice la ley actualmente y en negrita lo que agrega el proyecto de Ley:
“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o con veinte a ochenta días multa el que, aprovechando la necesidad económica, estado de pobreza o calamidad social, ligereza o inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con las condiciones del préstamo o la obligare a otorgar garantías de carácter extorsivo. La misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriese o hiciere valer un crédito usurario.
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“La pena será de nueve meses a tres años o de treinta a cien días multa, cuando el delito fuere cometido por quien, hallándose o no dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero con garantía personal o prendaria, sobre sueldos o salarios no llevare libros de contabilidad conforme a las exigencias legales o no presentare para su inscripción en el Registro de Prendas, en los casos en que éstas se constituyan en documento público o en que el acreedor no renuncie al privilegio prendario, el documento en que consta la operación dentro de un plazo no mayor de sesenta días posteriores a la fecha en que se constituyó el contrato”.
Además agrega este nuevo apartado:
“243 Bis. El que hallándose o no dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero procurare su cobro, obligare o hiciere prometer al deudor cualquier ventaja pecuniaria evidentemente ilegal o desproporcionada con su prestación, ya sea, de forma personal o por interpósita persona, valiéndose de intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 o 125 de esta ley, la pena será de tres a diez años de prisión.
“La pena será de cuatro a doce años de prisión si el delito es cometido por una estructura de crimen organizado de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la Ley Contra la Delincuencia Organizada y sus reformas ley N° 8754 del 24 de julio del 2009″.
Con esta reforma se incluyen los préstamos otorgados a quienes viven en extrema pobreza o que viven una calamidad y personas sin escrúpulos las usan para ganar dinero.
También se aumentan en gran medida las penas a estos ingratos que pasan de un máximo de tres años a 10 o 12 cuando se trate de un grupo de delincuencia organizada.
Las personas que denuncian a estos desalmados y sientan que su vida corre peligro, podrán pedirle al Poder Judicial entrar al programa de Víctimas y Testigos.
Entre enero del 2020 y setiembre del 2022 se han presentado en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 689 denuncias por extorsiones de préstamos gota a gota, en 399 de estos casos las víctimas son mujeres. La provincias donde se dieron más denuncias fueron San José con 564, le siguió Alajuela con 59 y después Heredia con 47.