El fiscal general, Carlo Díaz, reveló este jueves las preocupaciones que tiene en cuanto a la liberación de reos, las cuales no ve convenientes ya que ponen en riesgo a los ciudadanos.

El jerarca compareció este jueves ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y contó situaciones que se han estado dando, las cuales, a su criterio, han ayudado a que se incremente la ola de violencia que vive el país y que hizo que el 2022 se convirtiera en el año más violento de la historia con 656 homicidios.

Díaz dijo, en su presentación ante los legisladores, que el país tiene una deuda histórica por la falta de regulación en el tema de la ejecución condicional de la pena, que permite a los reos salir de prisión antes de cumplir su condena.

Hay varios tipos de ejecución condicional. Por ejemplo, cuando una persona es condenada a menos de tres años y no tiene delitos previos, puede pagar su pena en libertad con varias condiciones. También existe la posibilidad de que un condenado pague su pena con arresto domiciliario y, además, está la libertad condicional.

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Para ejemplificar una de sus preocupaciones, el fiscal contó que en el 2019, cuando trabajaba en el Ministerio Público, pero con otro cargo, fue contactado por una compañera fiscala que estaba sorprendida de que un reo que había sido condenado a una pena de 20 años, andaba en la calle solo dos años después.

“Empezamos la investigación y nos dimos cuenta de que esta personas se encontraba en libertad no porque algún juez se la hubiera otorgado, sino que la libertad se había dado por la aplicación de un beneficio penitenciario que da el Instituto Nacional de Criminología, al ubicarla en un lugar de atención semi-institucional y ni siquiera se nos había informado”, contó.

A ciegas

Y es que parte de los tipos de ejecución condicional de la pena permiten este tipo de permisos.

“En algunos casos se les otorga libertad con la condición es ir a dormir a un centro semi-institucional, que son los menos, en algunos otros se le impone la obligación de llegar a firmar con alguna periodicidad, y en otros casos ni siquiera ingresan al sistema penitenciario, esto se hace al margen de los órganos jurisdiccionales”, dijo Díaz.

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El fiscal general asegura que sería importantísimo para la Fiscalía saber cuándo el Instituto Nacional de Criminología suelta a los delincuentes.

“Nos interesa tener participación en las libertades que concede el Instituto Nacional de Criminología, al ubicar personas en el nivel semi-institucional”, manifestó.

Otra de las grandes inquietudes del funcionario es en cuanto al monitoreo electrónico de reos, ya que se está dando una situación preocupante.

“Sabemos es que la unidad encargada del monitoreo electrónico es limitada, pero tenemos experiencias en las que nos encontramos con que la policía detiene a alguien con tobillera y cuando nosotros le solicitamos a la unidad un informe sobre ese privado de libertad, nos damos cuenta de que esa persona ha tenido múltiples incumplimientos que no fueron reportados oportunamente y eso limita la toma de decisiones y acciones”, explicó.

El jerarca asegura que este tipo de situaciones aumenta la inseguridad y por ello pidió ayuda a los diputados para resolverlos.