EscucharLos gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron este lunes la “revisión completa de los resultados” electorales en Venezuela.
Como respuesta, el régimen de Nicolás Maduro exigió la salida de personal diplomático de Costa Rica, Argentina, Chile, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que se encuentre en territorio venezolano por “atentar contra la soberanía”.
“Nuestros gobiernos solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular”, añadieron, luego de que el Consejo Nacional Electoral venezolano, controlado por el chavismo, declarara ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude.
“El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas”, señala el texto.
El oficialista CNE anunció en la madrugada del lunes que Maduro había obtenido 5,15 millones de votos (51,2%), frente a 4,45 millones (44,2%) del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron a Maduro, mientras que el resultado fue criticado por la Unión Europea, que pidió “total transparencia” en el recuento de votos y Estados Unidos, que manifestó su “seria preocupación”.
El canciller uruguayo, Omar Paganini, sumó su voz a la de aquellos que ven con “preocupación” el resultado electoral: “Ese resultado preliminar entre otras cosas ni siquiera suma el 100%, suma mucho más (...) el gobierno de Uruguay, junto con muchos países de la región, vemos con preocupación esto”, dijo este lunes en declaraciones a la prensa.
“Esperamos los números detallados, circuito por circuito, acta por acta, para ver si tiene sustento lo que ayer anunció el CNE venezolano. Todo indica que no lo tiene, y en esa medida se nos hace muy difícil poder dar pasos de reconocimiento a este acto eleccionario”, agregó Paganini.
La resolución que preparan las cancillerías estará “enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en nuestra región”, agregó el comunicado.
La Carta Democrática de la OEA es un mecanismo al que se apela para definir casos de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en un Estado miembro.
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Fue invocada en 2016 por el secretario general Luis Almagro para referirse a la crisis en Venezuela. El gobierno de Maduro acusó entonces al organismo multilateral de “injerencista” y de ser un “espacio de dominación imperial” y solicitó salirse de la OEA en 2017, lo cual se formalizó dos años después.
