Nacional

Tribunal permite reabrir a bomba que vendía diésel ilegal

Aresep dice que decisión es una piedra en el camino de la regulación

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La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) quitó la concesión a la Estación de Servicio La Puesta del Sol J & A S.A, por la vender diésel exonerado y subsidiado exclusivo para los que se dedican a la pesca no deportiva. (Aresep)

La estación de servicio La Puesta de Sol J & A S.A. recibió el permiso de los tribunales para volver a trabajar a pesar de que en noviembre pasado fue cerrada por revender diésel del que se les daba a los pescadores.

Un juez del Tribunal Contencioso Administrativo giró la orden de reapertura el 15 de abril a pesar de que las pruebas técnicas demostraron que vendían el tipo de diésel que se vende sin impuestos para la pesca no deportiva a quienes están autorizados por el Incopesca.

Este combustible se vende a un menor precio, paga solo el 53% del precio final de la gasolina súper, 52% en la gasolina regular y 39% en el diésel.

El hecho se pudo comprobar porque el diésel que se comercializa en las bombas tiene una coloración amarillenta y el destinado a la pesca (exonerado y subsidiado) tiene un colorante azul para distinguirlo.

La situación se descubrió durante una inspección, de las que hace la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, para asegurar la calidad de los combustibles por medio de la Intendencia de Energía y con el apoyo del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica.

La muestra que se tomó ese día tenía un color verdoso, una evidencia de que se estaba mezclando diésel exonerado con regular, indicó la Aresep como parte del proceso administrativo que le abrió a ese comercio.

Un primer juez rechazó la solicitud de medida cautelar que presentó la estación de servicio para tratar de reabrir el negocio.

Pero un segundo juez aceptó la solicitud y les permitió seguir trabajando.

“Entendemos el proceso judicial y somos respetuosos de lo dictado por los tribunales; sin embargo, esta decisión perjudica los intereses de múltiples sectores: a los usuarios que pagan un impuesto, a los pescadores que no reciben el beneficio y al fisco que no percibe los ingresos que corresponden”, explicó el regulador general, Roberto Jiménez.

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