EscucharSi usted tiene multas de tránsito pendientes, le tenemos una información que le será de mucha utilidad a su economía.
La diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley para que se perdone la totalidad de las deudas por multas de tránsito que se hayan hecho entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2022.
Eso solo aplicaría para las infracciones administrativas, que son aquellas que no tienen sanciones penales, ni rebajan puntos de la licencia de conducir, y quedan registradas al número de placa del carro o a la licencia del conductor, dependiendo de la infracción.
La explicación de la iniciativa detalla que durante esos años aumentó la cantidad de multas administrativas, debido a la implementación de la restricción vehicular sanitaria, muchas de las cuales todavía siguen pendientes de pago.
“Muchas personas se encuentran con necesidad de un empleo, de un empleo no calificado, semicalificado o calificado que solicita la licencia de conducir al día y muchos de ellos cuentan con infracciones administrativas pendientes y no pueden ser elegidos en una nómina por falta de ese requisito”, señala el proyecto de ley.
También señala que el artículo 190 de la Ley de Tránsito establece que las multas impuestas por infracciones administrativas prescriben a los siete años, aun cuando la acción penal en materia de accidentes por colisión y sus multas prescriben en dos años, por lo que propone reducir el plazo de prescripción de las multas administrativas de siete a dos años.
El plan plantea que se perdonen todas las multas (y los intereses) realizadas entre 2020 y 2022, lo que representa una cifra que se estima en 675.922 multas que ascienden a un monto de ¢56.371 millones. Sin embargo, al reducir el plazo de prescripción, también quedarían prescritas las multas pendientes de 2018 y 2019, que serían 338.190, sumando un total de 27.959 millones de colones.
El proyecto también propone autorizar al Cosevi a hacer arreglos de pagos con las multas pendientes no prescritas realizadas luego del 1 de enero del 2023, las cuales a agosto de este año serían 344.980 multas y que representan 30.740 millones de colones.
Dado que existe una obligación de cancelar estas multas al momento de renovar la licencia, en periodos de entre tres y seis años, la mayoría de las multas administrativas podrían ser ignoradas, porque podrían dejarse prescribir dentro del plazo de renovación de la licencia.
Por ejemplo, de aprobarse la iniciativa de ley presentada, una persona que tenga la licencia de conducir por seis años, podría no pagar todas las multas administrativas que reciba en los primeros cuatro años que tenga la licencia, y aun así renovar el permiso de conducir, teniendo que cancelar solo las multas administrativas que reciba en los últimos dos años de vigencia de su licencia, y renovarla sin inconveniente por seis años más.
